Fue el 27 de diciembre del año pasado cuando Michael Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, tuvo por primera vez la nota diplomática enviada por el Gobierno de México para solicitar formalmente la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte por el desvío de 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014.
Con el documento, firmado por Martha Elena Bárcena, embajadora de nuestro país en la Unión Americana, Pompeo pudo conocer todos los detalles del caso que se sigue en nuestro país a Duarte Jáquez quien, desde que dejó la gubernatura a finales de 2016 hasta su detención el 8 de julio pasado viajó por diversas ciudades estadunidenses.
Sin embargo, fue hasta el 10 de marzo cuando Mike Pompeo, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Donald Trump, certificó a Tom Henemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, como representante de los intereses del Gobierno de México, en el juicio de extradición de Duarte.
“Soy asesor jurídico asistente en la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado. Esta Oficina es responsable de las solicitudes de extradición y se me encargó el caso de extradición de César Horacio Duarte Jáquez”, explicó Henemann.
En la nota diplomática dirigida a Michael Richard Pompeo se relata paso a paso cómo se avanzó en las investigaciones sobre Duarte, desde que se desempeñó como gobernador de Chihuahua de octubre de 2010 hasta octubre de 2016, los desvíos de recursos durante su mandato hasta el momento en que viajó a los Estados Unidos.
“Sin embargo, el acusado se aprovechó de su situación y malversó recursos públicos por un monto de 96 millones 685 mil 253.80 pesos mexicanos, que fueron extraídos entre 2011 y 2014 de varias cuentas pertenecientes a los ingresos internos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.
“La malversación antes mencionada se realizó a través de 11 fraudulentos procedimientos administrativos en los que se realizaron 17 pagos a la Unión Ganadera Regional General ‘División del Norte’ del Estado de Chihuahua a ‘Financiera de la División del Norte’, S.A. de CV, SOFOM, ENR1. Además, mientras trabajaba como gobernador, también era accionista y presidente de la Junta Directiva de Unión Ganadera, según lo establecido en el registro de fecha 24 de mayo de 2007 en el Registro Nacional de Agricultura, con número de resolución l 10.0l.GC30 / 07”, se detalló.
Incluso, Pompeo pudo conocer que mientras César Duarte era servidor público fue socio y accionista en diferentes empresas y negocios, de algunos de los cuales incluso fue propietario junto con sus hermanos, Ricardo, Alejandro y Mario.
Un ejemplo es el “Grupo Inmobiliario del Norte”, además, junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y sus hijos, César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía eran accionistas de la empresa llamada “Ganadera El Saucito Balleza”.
Una jueza federal de Miami aplazó para el 30 de julio la audiencia por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en la que resolverá si concede libertad bajo fianza a César Duarte.
La aprehensión de Duarte Jáquez había sido ordenada desde el 24 de abril por un juez de Albuquerque, Nuevo México, dos semanas después de que se diera el visto bueno desde el Departamento de Estado, razón por la que autoridades estadunidenses lo tenían ya localizado en un rancho de la localidad de Estancia.
Lauren Fleischer, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Florida, canceló la audiencia que estaba agendada para el 24 de julio, por lo que Duarte pasará al menos dos semanas más en un centro de detención federal. Duarte compareció inicialmente ante la jueza Fleischer el 10 de julio, para una audiencia en la que fue informado de las razones de su detención.
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