Pese a que en México se cuenta con una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, dicha práctica sigue en el sistema judicial señala el Comité de la Tortura de Naciones Unidas al detectar que en nuestro país persisten las denuncias.
Este año, el Poder Judicial tenía registro de cuatro mil 296 averiguaciones previas por este delito, pero sólo 33 condenados en los últimos 12 años.
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De esta cifra, el Consejo de la Judicatura Federal informó a través de una solicitud de trasparencia, que en los últimos 12 años, solo 33 personas han recibido condena o sentencia absolutoria por el delito de tortura, siendo Chihuahua, Michoacán, Zacatecas y Guerrero las entidades donde jueces han emitido el mayor número de sentencias.
En todos los casos, los culpables han apelado la decisión pero tribunales unitarios han confirmado las sentencias, que de acuerdo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescente.
La Ley advierte que todo servidor público o particular que sean sentenciados por este delito no podrán gozar de la figura del indulto, tampoco el de la amnistía.
En enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con cuatro mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura. Sin embargo, la dependencia federal no ha dado a conocer el número de casos en los que se ejercitó la acción penal, de los procesos judiciales y de los procedimientos disciplinarios abiertos.
La Ley para prevenir la tortura, señala que cada entidad federativa debe crear una fiscalía particular para perseguir dicho delito, Stephanie Erin Brewer, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), sostiene que este año 10 entidades federativas no cuentan con dicha fiscalía.
Por su parte, Lucía Chávez Vargas, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que durante año 2018 se iniciaron mil 248 expedientes de investigación por delitos de tortura y, sin embargo, solo se dieron dos sentencias condenatorias; a nivel estatal no hubo ninguna condena.
De acuerdo al último informe país del Comité contra la Tortura, la situación en México es preocupante por la alta incidencia que sigue teniendo esta práctica.
“Aunque toma nota de que la tortura no es una política de Estado, asegura que informes internacionales y nacionales documentan una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”, dice el documento presentado por el Comité en mayo pasado.
Otro de los problemas que reporta la ONU es que entre 2013 y 2018 se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales, y dos mil 531 en cárceles de las entidades federativas.
Ante esta situación, el Comité de Naciones Unidas el Comité llamó al Estado mexicano a: garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta e imparcial por un órgano independiente y a velar por que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que haya motivos razonables.
Uno de los sectores que más señalamientos tiene por presuntas prácticas de tortura es el de seguridad, aunque varias veces estos casos llegan a instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Una de las últimas recomendaciones por esta práctica que emitió la CNDH fue la 28VG/2019, esto después de acreditar que personal de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) torturó a una mujer que permanecía en calidad de detenida.
Pero no sólo en las cárceles se detectan tortura, también en otras instituciones. Por ejemplo, el mes pasado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportó que en cuatro casas hogar (tres ubicadas en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, y una en Tijuana, Baja California) mantenían a las personas mayores de edad en condiciones que podían generar tortura.
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