Jóvenes parlamentarios debatieron en el Senado de la República sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y aprobaron iniciativas que serán llevadas ante senadores y diputados para que sean analizadas y en su caso aprobadas por los plenos.
Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, señaló que es importante escuchar las voces de la comunidad LGBTIQ+ y tomarlas en cuenta para hacer leyes que garanticen sus derechos y libertades, así como el acceso a una vida plena.
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La convocatoria hecha por Movimiento Ciudadano reunió en la Cámara Alta a decenas de jóvenes para realizar la primera sesión plenaria del Primer Parlamento Juvenil LGBTIQ+ en donde expusieron sus problemáticas y necesidades, con el objetivo de construir una sociedad más empática y respetuosa, una legislación incluyente y fortalecida, y un México en donde la libertad no sea un acto de valentía para nadie.
Los jóvenes emitieron una declaratoria con propuestas que presentaron para que sean analizadas por los legisladores y en su caso llevarlas al Pleno.
Propuestas
Entre los principales señalamientos, reconocen que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece como principio fundamental, el derecho a la igualdad y no discriminación y que el Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, por ello, consideramos que este derecho debe cumplirse prioritariamente en las poblaciones de la diversidad sexual y de género.
Los jóvenes urgieron de contar con una legislación que reconozca la orientación sexual, la identidad y expresión de género y que en su texto adopte los términos y conceptos correctos, constitucionales y legales, a fin de que reconozca a las personas gestantes, a las personas menstruantes y sustituir los conceptos legales por un lenguaje inclusivo e incluyente.
Además, solicitan que se analicen los programas educativos actuales, para que la legislación promueva una educación con perspectiva de diversidad sexual integral; pugnaron por una educación sexual integral y reproductiva obligatoria desde los primeros años de educación.
Esta debe implicar el ejercicio libre y responsable de la sexualidad, con perspectiva de género y de diversidad sexual, planeación familiar, maternidad y paternidad responsable, diversidad y pluralidad en los tipos de familias, el placer sexual, el consentimiento, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, los aspectos psicológicos y sociales de la sexualidad e identidad humana, así como la responsabilidad afectiva.
Asimismo, demandaron al Congreso de la Unión reformas legislativas pertinentes que garanticen el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos y que en la legislación electoral se incluyan los conceptos de cuota LGBTIQ+ y que se tipifique la violencia política en contra de personas en razón a su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Al Instituto Nacional Electoral (INE), pidieron acciones afirmativas que garanticen que la listas de registro de candidaturas se integren bajo criterios a favor de personas en situación de vulnerabilidad.
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Entre otras cosas, también solicitaron incorporar a la legislación penal la tipificación de los transfeminicidios; la armonización legislativa que permita a las infancias LGBTIQ+ definir su identidad y expresión de género; visibilizar la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el que se reconozca e incluya a las familias homoparentales y lesbomaternales.
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