El Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para tumbar la Ley General de Comunicación Social, por la que se promueve juzgar por corrupción a todos los servidores públicos que utilicen los informes de gobierno para promocionar su imagen en tiempos electorales.

“Los mensajes que se difundan con motivo de los informes anuales de los servidores públicos, determinados por ley, no podrán tener fines electorales ni realizarse durante los periodos electorales señalados por las leyes hasta un día después de la jornada electoral. Tales mensajes se difunden conforme a lo dispuesto en la legislación relativa a la propaganda oficial”, de acuerdo con la iniciativa de ley presentada por el diputado Pablo Gómez durante la sesión ordinaria.

La normativa que entrará en lugar de la también conocida Ley Chayote, reglamentaria de los artículos 6,7 y 134 de la Constitución Política, también establece los criterios de propaganda oficial en los medios de comunicación, a fin de que “no haya discriminación ni favoritismo”, apuntó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional.

Asimismo, se propone crear un Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación, por el que se transparente el gasto en publicidad oficial, mismo que estará controlado por la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión. Es la sexta de las 12 prioridades legislativas que avanzan en el Congreso de la Unión, y la segunda presentada por Pablo Gómez.