La Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos (CIDHM) colocó una ofrenda de Miquixtli a las mujeres víctimas de feminicidio en Morelos, además de reclamar justicia.
José Martínez y Juliana García Quintanilla, voceros de la CIDHM, instalaron en las puertas principales de Palacio de Gobierno una ofrenda con cruces y los nombres de víctimas de feminicidio, en memoria de las ausencias definitivas de quienes ya han muerto.
Exigieron justicia y que todas las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género ( AVG) en Morelos sean cumplidas.
Destacaron que cada día en México 11 mujeres son víctimas de violencia feminicida, del machismo, del odio por ser mujeres: "Todas ellas tienen nombres y rostros, historias que no debieron ser truncadas violentamente".
De 2000 a 2005 documentaron 122 feminicidios en Morelos. En 2000, en los periódicos locales se reportaron 21; en 2001 sumaron 28; en 2002, 18 casos. Para 2012 la cifra creció aún más al reportarse 92 casos; durante 2016 de contabilizaron 97 feminicidios; en 2018, 88, y en 2017 fueron 74.
En 2020 se documentaron 84 casos y de enero al 31 de julio de 2021 se han registrado 42 feminicidios, dando un total de mil 161 feminicidios en casi 21 años.
José Martínez destacó que los feminicidios ocurren por negligencia e irresponsabilid de quienes tienen la tarea de garantizar los derechos humanos de todas ellas.
Destacó que ya se han cumplido 6 años del establecimiento de la AVG en 8 municipios de Morelos (Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla) y no se han aplicado todas las medidas de prevención, atención, seguridad, justicia y reparación que se decretaron.
Realidad que, aseguran, lastima profundamnete los derechos de las mujeres y vulnera su derecho a una vida libre de violencia y medidas emergentes reacciones lentas y discontinuas ha sido la respuesta institucional.
Enfatizaron que Morelos ocupa a nivel nacional el lugar el primer lugar en feminicidios, según resportes de autoridade federales.
Consideraron urgente que se apliquen todos los recursos institucionales para cumplir al cien por ciento con las medidas para atender la AVG.
Asisismo, recordaron que las instituciones tienen la obligación de legislar para avanzar en las sanciones a quienes cometen violencia institucional; sin embargo, se protege al feminicida. Es crucial que a la hora de investigar todos los casos de muertes de mujeres se aplique el protocolo de investigación de feminicidio, expresaron.
Los niveles de impunidad del feminicidio se ubican muy por arriba del 90 por ciento y de los casos que han documentado el 99 por ciento no ha se ha resuelto.
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