El sistema de evaluación de confianza para los elementos policiacos está bajo el escrutinio. Iván Chávez Espejel, representante legal de Ciudadanos Uniformados, asociación civil que se dedica a velar por los derechos de los policías en todo el país, asegura que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante estos procesos.
"Los derechos de los elementos a menudo son vulnerados ya desde la fase de evaluación. Los municipios y el estado no solo piden toda la documentación personal del policía, sino que además el superior inmediato de cada oficial envía una nota personal al centro de confianza", señaló Chávez Espejel.
Dicha práctica, según el abogado, puede sesgar la evaluación, especialmente si hay interés en dar de baja a un elemento que es considerado problemático por el municipio.
"Es como si ya existiera una dirección predeterminada en ciertos casos", afirmó.
Con base en las cifras oficiales, a nivel nacional se ha registrado una disminución en el número de policías en activo. De 346 mil 865 elementos en 2020, se ha reducido a 341 mil 896 en 2023. Morelos no es la excepción. Los elementos de seguridad pública municipal en el estado han disminuido de dos mil 321 en 2020 a dos mil 168 en 2023.
Según Chávez Espejel, la tendencia sugiere un declive que podría persistir.
"Las personas ya no están interesadas en ser parte de la policía debido a la paga insuficiente y al constante abuso de autoridad", destacó.
Ciudadanos Uniformados A.C. anticipa que esta tendencia persistirá en los años venideros, señalando un posible interés gubernamental en mermar las capacidades de las policías estatales y municipales en favor del Ejército, cuyos roles se han fortalecido.
Mientras la confianza en la institución policiaca está en juego, los ciudadanos y la fuerza policial aguardan respuestas y reformas para garantizar un proceso justo, y a su vez, fortalecer la seguridad pública.
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