Por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Congreso de la Unión conocer el estado que guarda el procedimiento de declaración de procedencia del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, el cual solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).
Dicho expediente fue remitido bajo la Controversia Constitucional 151/2021, en la cual el organismo encargado de procurar justicia solicita que se le remueva el fuero al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por no contar con los exámenes de control y confianza.
Esta es la segunda ocasión durante el 2023 que la SCJN solicita revisar el estatus de Carmona Gándara, una vez que logró recuperar su libertad mediante un amparo otorgado por la justicia federal.
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La Corte dio un plazo de 10 días hábiles al Legislativo Federal, luego de recibir la notificación, para que informe sobre la situación que guarda dicho asunto y en caso de que esto se vuelva a incumplir se aplique una multa.
“Se requiere nuevamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de quien legalmente la representa, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este Alto Tribunal sobre la nueva determinación respecto de la solicitud de declaración de procedencia formulada por la Fiscalía General de la República, en los términos ordenados en la presente ejecutoria. Para tal efecto, deberá remitir copia certificada de las documentales con las que acredite su dicho”, señala el escrito de la SCJN.
Actualmente, Carmona Gándara cuenta con cuatro procesos penales en contra, tres de ellos por presuntamente encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y un caso de tortura presuntamente cometido contra el Luis Alberto alías “El Diablo” a quien señaló de estar involucrado en un triple homicidio en Huitzilac.
Desde hace dos años, la FGR busca proceder en contra de Carmona Gándara, sin embargo, en 2023 la misma Corte determinó que cuenta con fuero constitucional para delitos de orden federal, ante lo cual primero debe de proceder el juicio en su contra para el desafuero.
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