/ sábado 23 de septiembre de 2023

Derechos Humanos va por juicio político por operativo en Anticorrupción

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza intentó retomar su cargo como vicefiscal basándose en un amparo que no le daba acceso a expedientes ni carpetas

La Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) se pronunció a favor de promover el juicio político en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) luego de los recientes acontecimientos en los cuales se tomó por asalto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), así lo señaló el ombudsman, Raúl Israel Hernández Cruz.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Raúl Israel recordó además que iniciaron una queja en el organismo tras estos hechos que calificaron de ilegítimos, en los cuales Edgar Rodolfo Núñez Urquiza intentó retomar su cargo como vicefiscal tras un amparo.

“Nos dimos cuenta de que el amparo que obtuvo no lo autorizaba para acceder a los expedientes, carpetas y, en sí, todos los elementos que están a disposición de la institución. Lo que tendríamos es una comisión de probables delitos que tendría que investigar el propio Ministerio Público”, externó.

Agregó que el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, deberá remitir todos los informes correspondientes a fin de esclarecer su presencia en las instalaciones.

Asimismo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eliasib Polanco Saldívar, informó que durante la próxima sesión de pleno promoverá el juicio político en contra de la corporación policiaca.

“Me parece que es la vía adecuada; corresponderá a ellos valorar si detrás de todo esto existe un objetivo político para hacerse por la fuerza de una institución”.

Añadió que de existir todos los elementos, esta situación debe de trascender, además de decirse a favor de este tipo de procedimientos pues buscan un fin como el de la CDHM que es que se cumpla con el estado de derecho y sancionar a los altos funcionarios cuando desvían su poder para fines distintos a los que deberían de cumplir.

“Nosotros lo que consideramos es que la responsabilidad de cualquier servidor público, especialmente de un alto funcionario debe exigirse a través de los mecanismos constitucionales que se prevén para eso. En este caso la responsabilidad penal, civil, administrativa, política constitucional pues claro que se puede seguir y siempre estaremos a favor de que se haga, si existen elementos”, externó.







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La Comisión de Derechos Humanos Morelos (CDHM) se pronunció a favor de promover el juicio político en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) luego de los recientes acontecimientos en los cuales se tomó por asalto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), así lo señaló el ombudsman, Raúl Israel Hernández Cruz.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, Raúl Israel recordó además que iniciaron una queja en el organismo tras estos hechos que calificaron de ilegítimos, en los cuales Edgar Rodolfo Núñez Urquiza intentó retomar su cargo como vicefiscal tras un amparo.

“Nos dimos cuenta de que el amparo que obtuvo no lo autorizaba para acceder a los expedientes, carpetas y, en sí, todos los elementos que están a disposición de la institución. Lo que tendríamos es una comisión de probables delitos que tendría que investigar el propio Ministerio Público”, externó.

Agregó que el titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, deberá remitir todos los informes correspondientes a fin de esclarecer su presencia en las instalaciones.

Asimismo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eliasib Polanco Saldívar, informó que durante la próxima sesión de pleno promoverá el juicio político en contra de la corporación policiaca.

“Me parece que es la vía adecuada; corresponderá a ellos valorar si detrás de todo esto existe un objetivo político para hacerse por la fuerza de una institución”.

Añadió que de existir todos los elementos, esta situación debe de trascender, además de decirse a favor de este tipo de procedimientos pues buscan un fin como el de la CDHM que es que se cumpla con el estado de derecho y sancionar a los altos funcionarios cuando desvían su poder para fines distintos a los que deberían de cumplir.

“Nosotros lo que consideramos es que la responsabilidad de cualquier servidor público, especialmente de un alto funcionario debe exigirse a través de los mecanismos constitucionales que se prevén para eso. En este caso la responsabilidad penal, civil, administrativa, política constitucional pues claro que se puede seguir y siempre estaremos a favor de que se haga, si existen elementos”, externó.







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