/ martes 4 de julio de 2023

En la congeladora, denuncias por corrupción

En los últimos años, más de una decena de casos no se han resuelto por diversas razones; una de ellas, la solicitud de amparos

En el último año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del estado de Morelos ha sido protagonista de varios casos mediáticos a los que simplemente no ha podido dar solución.

Uno de ellos son las denuncias en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En abril de 2022, el vicefiscal de la FECC, Édgar Núñez Urquiza, señaló que se encontraban abiertas ocho carpetas de investigación en contra del mandatario; sin embargo, a la fecha no ha habido avance en el tema pese a que el mismo Núñez Uriquiza refirió que existían elementos probatorios concretos respecto a la posible comisión de delitos del exfutbolista.

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Asimismo, en junio de 2022, tras la caída del puente colgante en Paseo Ribereño, en Cuernavaca, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones y pese a que puso el inmueble bajo resguardo, a más de un año de los hechos no hay un castigo para los responsables. De hecho, el 27 de abril de 2023 la audiencia de imputación contra los presuntos responsables fue cancelada, sin que hasta el momento haya una fecha para reprogramarla.

Mientras, en septiembre de 2022, la FECC determinó que el expresidente de Cuernavaca, Antonio “N” era responsable del desvío de nueve millones de pesos que los trabajadores habían pagado para el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos, por lo que el exedil fue detenido y vinculado a proceso por el delito de peculado, aunque meses más tarde, en mayo de 2023, continuó con su proceso penal bajo arraigo domiciliario, lo que provocó el malestar de la ciudadanía y de las autoridades que interpusieron las denuncias.

Las autoridades municipales en turno aseguran que las más de 30 denuncias que se han puesto contra el exedil y autoridades de su gabinete llevan un proceso lento, y es que en poco menos de un año, ninguna ha tenido el avance esperado.

En noviembre de 2022, la FECC comenzó con las investigaciones contra servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles delitos vinculados en el feminicidio de Ariadna Fernanda, localizada sin vida en el tramo carretero de la Pera-Cuautla; este caso fue señalado por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quién habría apuntado a un posible encubrimiento por parte de la FGE. El caso sigue estancado.

En diciembre de 2022, la FECC atendió otra investigación respecto a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), órgano que en ese momento fue puesto en el ojo del huracán debido a que su titular América López fue señalada por hacer compras millonarias en electrodomésticos en una tienda departamental, las cuales se realizaron con una “cuenta secreta” de la ESAF que, se presume. fue solicitada bajo una firma falsificada; en marzo de 2023 la FECC mencionó que se encargarían de probar más delitos contra la Entidad; al respecto, la extitular de la dependencia, América López, denunció que esto podría tratarse de una persecución política por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ya que de acuerdo a sus palabras “sembraron” delitos en su contra.

En enero de 2023, la FECC anunció que si bien, los delitos que se investigaron durante el año anterior fueron más en comparación con 2019, los exfuncionarios “corruptos” habrían abusado de amparos, como ejemplo citó a América López; en su momento el vicefiscal Núñez Urquiza refirió que esta práctica “dilataba la aplicación de la justicia”, por lo que justificó con esto las pocas sentencias que hay contra servidores.

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la Fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados porque se van a un amparo tras la vinculación, tras la medida, tras los autos de apertura de juicio oral, tenemos procesos que no quedan en nuestras manos”, explicó el vicefiscal.

Cabe recordar que la Fiscalía aumentó hasta 200 por ciento la recepción de denuncias. Mientras que en 2019 recibía 200, en 2022 acumuló más de 600, lo que para la dependencia habría significado que la “confianza ha crecido”, aunque también señaló que con el presupuesto implementado este año contratarían más personal para cumplir con las especificaciones requeridas.

En mayo de 2023, la FECC imputó por ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público a Dora Ivonne “N”, Mireya “N”, y Víctor Manuel “N”, excomisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por presuntamente apropiarse de dos vehículos del organismo de manera irregular.

También investiga a jueces del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, y aunque no hay un número específico en cuanto a las carpetas de investigación, el vicefiscal refirió que son más de 20 los juzgadores que son investigados; a esto, se le suma que a inicios de mayo se hicieron denuncias en contra de las juzgadoras Elvia Terán y Alejandra Trejo.

Giovanna Plata, madre de “Gigi”, una pequeña de cuatro años que sufrió abuso sexual por parte de su padre, acusó que la perito Yumaria “N” trató de cambiar el expediente de la menor, por lo que actualmente fue exonerada por la juez Elvia Terán, Giovanna Plata acudió a la FECC para solicitar que se judicialice la carpeta de investigación e impugnar la resolución. Mientras que la FGE denunció a la juez Alejandra Trejo tras la liberación de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, presunto partícipe en el homicidio de Luis Javier, Luis Enrique y Noemí Guadalupe, jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos y luego fueron localizados sin vida en un paraje en Huitzilac.

Pero funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción también han sido señalados. Durante la primera semana de junio la abogada Naybi Sandoval señaló al vicefiscal Núñez Urquiza por presuntos actos de corrupción, al supuestamente exigir un millón de pesos a Noé Sandoval Morales, exdirectivo en la Secretaría de Movilidad y Transporte, para no proceder en su contra.

Naybi Sandoval señaló que el caso contra el vicefiscal no ha tenido avances, incluso en dos ocasiones el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez se negó a comparecer ante la justicia, acciones que no tuvieron consecuencias.

“Hay un conflicto de intereses, ¿quién lo va a investigar? ¿Sus subordinados? Que saben perfectamente lo que ha hecho, lo que ha fabricado, pues tienen miedo”, denunció Naybi Sandoval.

Hasta este momento, las investigaciones realizadas por la FECC no han tenido mayores avances, pese a que muchas dieron inicio desde 2021; mientras que para dar cuentas sobre el castigo a funcionarios “corruptos”, el mismo organismo especializado también se encuentra envuelto en situaciones similares.

___

CITA:

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la Fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados".

Édgar Núñez Urquiza,

vicefiscal Anticorrupción




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En el último año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del estado de Morelos ha sido protagonista de varios casos mediáticos a los que simplemente no ha podido dar solución.

Uno de ellos son las denuncias en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En abril de 2022, el vicefiscal de la FECC, Édgar Núñez Urquiza, señaló que se encontraban abiertas ocho carpetas de investigación en contra del mandatario; sin embargo, a la fecha no ha habido avance en el tema pese a que el mismo Núñez Uriquiza refirió que existían elementos probatorios concretos respecto a la posible comisión de delitos del exfutbolista.

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Asimismo, en junio de 2022, tras la caída del puente colgante en Paseo Ribereño, en Cuernavaca, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones y pese a que puso el inmueble bajo resguardo, a más de un año de los hechos no hay un castigo para los responsables. De hecho, el 27 de abril de 2023 la audiencia de imputación contra los presuntos responsables fue cancelada, sin que hasta el momento haya una fecha para reprogramarla.

Mientras, en septiembre de 2022, la FECC determinó que el expresidente de Cuernavaca, Antonio “N” era responsable del desvío de nueve millones de pesos que los trabajadores habían pagado para el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado de Morelos, por lo que el exedil fue detenido y vinculado a proceso por el delito de peculado, aunque meses más tarde, en mayo de 2023, continuó con su proceso penal bajo arraigo domiciliario, lo que provocó el malestar de la ciudadanía y de las autoridades que interpusieron las denuncias.

Las autoridades municipales en turno aseguran que las más de 30 denuncias que se han puesto contra el exedil y autoridades de su gabinete llevan un proceso lento, y es que en poco menos de un año, ninguna ha tenido el avance esperado.

En noviembre de 2022, la FECC comenzó con las investigaciones contra servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles delitos vinculados en el feminicidio de Ariadna Fernanda, localizada sin vida en el tramo carretero de la Pera-Cuautla; este caso fue señalado por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quién habría apuntado a un posible encubrimiento por parte de la FGE. El caso sigue estancado.

En diciembre de 2022, la FECC atendió otra investigación respecto a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), órgano que en ese momento fue puesto en el ojo del huracán debido a que su titular América López fue señalada por hacer compras millonarias en electrodomésticos en una tienda departamental, las cuales se realizaron con una “cuenta secreta” de la ESAF que, se presume. fue solicitada bajo una firma falsificada; en marzo de 2023 la FECC mencionó que se encargarían de probar más delitos contra la Entidad; al respecto, la extitular de la dependencia, América López, denunció que esto podría tratarse de una persecución política por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ya que de acuerdo a sus palabras “sembraron” delitos en su contra.

En enero de 2023, la FECC anunció que si bien, los delitos que se investigaron durante el año anterior fueron más en comparación con 2019, los exfuncionarios “corruptos” habrían abusado de amparos, como ejemplo citó a América López; en su momento el vicefiscal Núñez Urquiza refirió que esta práctica “dilataba la aplicación de la justicia”, por lo que justificó con esto las pocas sentencias que hay contra servidores.

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la Fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados porque se van a un amparo tras la vinculación, tras la medida, tras los autos de apertura de juicio oral, tenemos procesos que no quedan en nuestras manos”, explicó el vicefiscal.

Cabe recordar que la Fiscalía aumentó hasta 200 por ciento la recepción de denuncias. Mientras que en 2019 recibía 200, en 2022 acumuló más de 600, lo que para la dependencia habría significado que la “confianza ha crecido”, aunque también señaló que con el presupuesto implementado este año contratarían más personal para cumplir con las especificaciones requeridas.

En mayo de 2023, la FECC imputó por ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público a Dora Ivonne “N”, Mireya “N”, y Víctor Manuel “N”, excomisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) por presuntamente apropiarse de dos vehículos del organismo de manera irregular.

También investiga a jueces del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, y aunque no hay un número específico en cuanto a las carpetas de investigación, el vicefiscal refirió que son más de 20 los juzgadores que son investigados; a esto, se le suma que a inicios de mayo se hicieron denuncias en contra de las juzgadoras Elvia Terán y Alejandra Trejo.

Giovanna Plata, madre de “Gigi”, una pequeña de cuatro años que sufrió abuso sexual por parte de su padre, acusó que la perito Yumaria “N” trató de cambiar el expediente de la menor, por lo que actualmente fue exonerada por la juez Elvia Terán, Giovanna Plata acudió a la FECC para solicitar que se judicialice la carpeta de investigación e impugnar la resolución. Mientras que la FGE denunció a la juez Alejandra Trejo tras la liberación de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, presunto partícipe en el homicidio de Luis Javier, Luis Enrique y Noemí Guadalupe, jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos y luego fueron localizados sin vida en un paraje en Huitzilac.

Pero funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción también han sido señalados. Durante la primera semana de junio la abogada Naybi Sandoval señaló al vicefiscal Núñez Urquiza por presuntos actos de corrupción, al supuestamente exigir un millón de pesos a Noé Sandoval Morales, exdirectivo en la Secretaría de Movilidad y Transporte, para no proceder en su contra.

Naybi Sandoval señaló que el caso contra el vicefiscal no ha tenido avances, incluso en dos ocasiones el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez se negó a comparecer ante la justicia, acciones que no tuvieron consecuencias.

“Hay un conflicto de intereses, ¿quién lo va a investigar? ¿Sus subordinados? Que saben perfectamente lo que ha hecho, lo que ha fabricado, pues tienen miedo”, denunció Naybi Sandoval.

Hasta este momento, las investigaciones realizadas por la FECC no han tenido mayores avances, pese a que muchas dieron inicio desde 2021; mientras que para dar cuentas sobre el castigo a funcionarios “corruptos”, el mismo organismo especializado también se encuentra envuelto en situaciones similares.

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CITA:

“Los imputados promueven amparos, tenemos procesos desde el año 2019 que no son imputables a la Fiscalía, sino son imputables al ejercicio de la defensa que realizan los imputados".

Édgar Núñez Urquiza,

vicefiscal Anticorrupción




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