El ataque al empresario, político y exdiputado del Partido Verde Ecologista de México, Javier Estrada González, es el vigésimo atentado armado del que han sido víctimas activistas y figuras públicas morelenses desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en octubre de 2018. De ellos, dos han sido contra Estrada González y el resto en contra de activistas, dirigentes comunitarios, funcionarios municipales, otro exdiputado y una diputada local. Hasta ahora el único sobreviviente de esta lista de ataques ha sido el exdiputado del Verde.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, todos los hechos citados han resultado de ataques directos en contra de las víctimas, lo que ha derivado en que sus actividades públicas sean el principal eje de las investigaciones, no obstante en más de la mitad de los casos la Fiscalía no tiene siquiera una detención y, a la fecha, ninguno de los casos ha sido totalmente cerrado.
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La violencia política en esta administración inició en febrero de 2019 con el homicidio del activista Samir Flores, opositor abierto al proyecto de la planta termoeléctrica de Huexca, que actualmente ya opera en la zona oriente del estado. En este caso hay un detenido y la Fiscalía tendría desde enero del 2023 indicios para identificar al autor intelectual.
El ocho de mayo de ese año fueron ultimados en Plaza de Armas de Cuernavaca el empresario Jesús García Rodríguez y el líder de comerciantes Roberto Castrejón; muy pronto se detuvo al presunto autor material, pero el caso sigue abierto; apenas unas semanas después se informó de los homicidios de los ambientalistas Rodrigo Morales Vázquez, en septiembre, y Paul Vizcarra Ruiz, en octubre.
En 2020, fueron asesinados Yuridia Trinidad Esquivel, directora de catastro y predial de Yautepec, Juan Jaramillo Frikas, exdiputado local y dirigente de barrios. En 2021 ocurrieron los homicidios de José Herrera, director de Desarrollo Agropecuario de Yautepec y Alejandro García Zagal, dirigente de la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca; también en ese año fue el primer atentado contra Javier Estrada González, del que pudo escapar ileso.
Para 2022, los ataques a figuras públicas de Morelos se recrudecieron, el 11 de enero sujetos armados asesinaron al alcalde de Xoxocotla, Benjamín González Palacios, quien había asumido funciones diez días antes; el 28 de enero, en Temixco, Ana Luisa Garduño, activista contra los feminicidios, fue asesinada en un bar de su propiedad (este es el único de los casos citados en que la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación sobre su actividad pública, pero se ha centrado más en el robo como probable móvil); el 14 de febrero, Francisco Vázquez, líder campesino y opositor a la termoeléctrica de Huexca fue asesinado; el 12 de marzo, después de varios días de su secuestro fue encontrado el cadáver de Francisco Urbina Orendain, quien fuera director jurídico de catastro en Yautepec; en abril ocurrió el homicidio del secretario municipal de Xoxocotla, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano.
El 25 de agosto de 2022, Carlos Benítez, empresario y excandidato a la alcaldía de Cuautla, murió junto con dos de sus escoltas víctima de un ataque directo. Unos días después el exalcalde de Yecapixtla, José Refugio Amaro, falleció junto a otras tres personas en un ataque armado en una cancha de futbol, donde fueron heridas 12 personas más.
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El cinco de octubre, la diputada local, Gabriela Marín murió también en un ataque directo minutos después de dejar la sede del Congreso en Cuernavaca. En diciembre, el ayudante municipal de la colonia Lagunilla, Abraham Blanco, fue asesinado en la plaza del barrio; en el mismo mes ocurrieron los homicidios de César Martínez Álvarez, exdirector de cultura de Tepalcingo; y Jaír Morón, empresario y dirigente restaurantero de la región oriente.
En 2023, el 10 de enero fue asesinado en Cuernavaca el dirigente comunal de Santa María, Lucio Álvarez, en lo que sería el inicio de una serie de homicidios cuyo componente común sería el tráfico de tierras en la zona norte de la capital de Morelos.
A esta veintena de hechos tendrían que sumarse por lo menos una decena de ataques contra las fachadas de domicilios particulares de diputados, familiares de diputados, regidores y hasta una alcaldesa, que se han vuelto comunes especialmente en la región oriente del estado.
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El ataque a Javier Estrada González ocurrido el viernes pasado, que, como muchos de los hechos de violencia citados, volvió a generar declaraciones de políticos que reprueban la violencia y exigen se castigue a los responsables.
En febrero pasado, la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Mireya Gally Jordá, en entrevista con El Sol de Cuernavaca, había advertido de los riesgos de la violencia política en Morelos: “Es algo que ya se ha visto desde hace también dos o tres elecciones. Sabemos que el crimen organizado se está tratando de meter a través de diferentes tipos de candidaturas. Es algo que nos preocupa mucho. Si hoy el Ejecutivo sabe que ya están empezando este tipo de acciones, que tome cartas en el asunto”.
Pero hasta ahora no ha habido cambio alguno en la estrategia de seguridad del Ejecutivo de Morelos, de hecho, apenas el 14 de junio pasado el Congreso aprobó un exhorto al gobernador Cuauhtémoc Blanco para obligar al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, a dar resultados en un plazo de 30 días, y en caso de que no los hubiera, removerlo del cargo. La propuesta fue presentada por el diputado presidente de la comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos de la Legislatura, Julio César Solís (Movimiento Ciudadano). A la demanda de los legisladores, Ortiz Guarneros respondió con un reto al impulsor del punto de acuerdo a “conseguir el dinero para darles un aumento salarial a los policías”. El Gobernador ha defendido su estrategia de seguridad pública sin admitir discusiones al respecto.
Después del atentado contra Javier Estrada, la diputada Paola Cruz (Morena) llamó nuevamente al gobernador “para que a la brevedad convoque a una gran mesa de trabajo con las y los diferentes Poderes del Estado, instituciones estatales, federales y organizaciones de la sociedad civil, para trazar una nueva ruta para la construcción de la paz y la seguridad, a través de una estrategia que nos involucre a todas y todos”. En el comunicado, la diputada le recuerda al gobernador que es su facultad constitucional, “como jefe de la Fuerza Pública Estatal, velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado”, y le pide “haga una introspección y reflexión de que sus acciones, rutas, estrategias, equipo y acciones han fallado”.
El llamado de la diputada se suma a los previamente hechos por la Diócesis de Cuernavaca, las cámaras empresariales, grupos sociales y partidos políticos para que la estrategia de seguridad sea revisada y corregida.
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