El fiscal morelense Uriel Carmona Gándara, aseguró que se revisará la actuación de los funcionarios, a su cargo, que integraron el expediente de Samir Flores; si existió alguna irregularidad, serán sancionados, advirtió.
Este miércoles 1 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 103/2022 al fiscal general de Morelos por violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en agravio del activista social y su familia, y que son atribuibles a servidores públicas de la Fiscalía General del Estado.
Samir Flores fue asesinado en el año 2019 presuntamente en el marco de su labor como opositor al proyecto de construcción de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca.
Al respecto, el fiscal declaró:
"Se va a revisar por las áreas correspondientes, si existen o no omisiones, si se actuó de buena fe o de mala fe, eso es algo a lo que estamos obligados. Hay procesos que se deben cumplir; no va a hacer de manera inmediata, nosotros también tenemos que actuar con cuidado, pero si fuera el, caso nosotros no protegemos a nadie del personal. Si se actúa mal se sanciona, sobre todo cuando tiene que ver con los derechos humanos”.
Insistió en que las cosas no quedan necesariamente dentro de una recomendación sino de los órganos internos de control y disciplina de la propia institución.
De acuerdo con Carmona, este tipo de recomendaciones son por exigencia de respeto a los derechos humanos, existen quejas como en todas las dependencias donde se hace uso de policía y áreas de seguridad, y la Fiscalía tiene el manejo de un gran número de detenidos y se trabaja de la mano con las policías estatales y municipales, por eso hay investigaciones al personal por parte de las comisiones de derechos humanos.
Pero la política de la Fiscalía es escuchar, respetar y cumplir cuando se tiene que cumplir, y la fiscalía morelense tiene solamente un número “razonable” de recomendaciones, pero no son muchas, tanto que no son una institución muy cuestionada en esta materia.
Entre las irregularidades y omisiones cometidas por las personas servidoras públicas que han impedido el esclarecimiento del caso, dice la CNDH, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a una persona el homicidio, quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba privado de su libertad por diversos delitos, además de agregar, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
Cabe decir que la CNDH recomienda al fiscal general del estado de Morelos que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, brinde la reparación integral de los daños a las víctimas indirectas de este caso, que incluya la compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
Asimismo, pide que se otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran las víctimas, y colaborar en la presentación y seguimiento ante la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos con la denuncia administrativa que ese Organismo Nacional interponga en contra de tres personas servidoras públicas del personal ministerial que han participado en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.
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