El secretario de gobierno, Pablo Ojeda, incumplió con los plazos para la entrega de información sobre el operativo que culminó en un linchamiento en Huitzilac que costó la vida a dos personas, por lo que se hizo acreedor a sanciones y nuevas medidas de apremio.
De acuerdo con la información recabada por El Sol de Cuernavaca a través de múltiples fuentes, Pablo Ojeda no respondió a la solicitud de información hecha por la Fiscalía Anticorrupción desde el 30 de septiembre, por lo que se giró un nuevo oficio de solicitud que fue recibido ayer mismo por su despacho. Sin embargo, esta nueva solicitud tampoco había sido atendida por lo que se recurrirá a las medidas de apremio que consisten en una multa de superior a los 77 mil pesos.
En días pasados, Ojeda Cárdenas dijo que asumía toda la responsabilidad sobre los hechos ocurridos el 29 de septiembre en Huitzilac y reveló que fue él quien dio la orden de que los policías se retiraran del lugar. Sin embargo, no respondió a la solicitud de información hecha por la Fiscalía Anticorrupción desde el 30 de septiembre, por lo que se giró un nuevo oficio de solicitud que habría recibido ayer mismo por su despacho.
No obstante, esta nueva solicitud tampoco había sido atendida, por lo que de acuerdo con diversos expertos en el tema, correspondería utilizar nuevas medidas de apremio que garanticen se entregue la información con la que se integraría el expediente jurídico para deslindar responsabilidades.
Antecedentes
El 5 de marzo de 2019 la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos publicó un protocolo de 16 artículos para la prevención y atención de los casos de linchamiento en el estado.
El documento establece que se deben conformar tres perímetros de policías a 15, 50 y 70 metros de distancia, pero, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, diputados y abogados consultados por este medio, el funcionario no lo siguió el pasado 29 de septiembre, bajo el argumento de que había pocos elementos, y dos civiles murieron en la presidencia municipal de Huitzilac.
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción le pidió que rindiera un informe detallado sobre las decisiones que llevaron al asesinato de dos hombres que contaban con antecedentes penales, pero también lo ignoró.
Las preguntas concretas que debía responder fueron: cuáles son sus facultades y fundamentos legales en materia de seguridad pública y el tiempo en el que debe atenderse un caso de linchamiento.
De no atender la solicitud que obra en el expediente SG/146/2021 “podría ser acreedor al término medio de los mínimos y máximos de la medida de apremio establecida en el presente requerimiento, o alguna otra medida de apremio de manera discrecional, como podría ser el arresto”, establece el documento entregado al funcionario estatal.
Sin embargo, este mismo miércoles la Fiscalía Anticorrupción giró un segundo oficio para que se presentara a las instalaciones de ese organismo para cumplir con un arresto de 12 horas como medida de apremio por no haber contestado los cuestionamientos.
Pero el encargado de la política interna no acudió a la cita donde ya lo esperaba un grupo considerable de agentes de investigación criminal.
El la solicitud de información, asignada al expediente FECC/496/2021-09, la autoridad habría incluido nuevas peticiones como saber si tuvo contacto con autoridades de Huitzilac y si su personal se presentó a ese municipio el día del linchamiento.
También si conoce de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emitió sobre el tema; las horas en que se recibió la alerta del hecho y en que se atendió el caso y un informe detallado de la estrategia que se siguió, además del número de elementos que acudió al lugar y las acciones que se tomaron.
Se espera que la Fiscalía vuelva a insistir en los requerimientos para, en su caso, judicializar el expediente.
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