El 35 por ciento de las personas privadas de su libertad (PPL) en los seis centros de reinserción social de Morelos aún no reciben una sentencia, por lo que además de padecer las fallas del sistema contribuyen a generar hacinamiento y condiciones de autogobierno.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, presentó ante diputados del Congreso local los resultados del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021, mismo que se realizó del 6 al 10 de diciembre de ese año en los centros varonil y femenil de Atlacholoaya, así como en los ubicados en Cuautla, Jonacatepec, Jojutla y en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes.
Al momento de realizar la supervisión la población total en los centros ascendía a 3 mil 929 PPL, de las cuales mil 402 enfrentaba procesos penales y 2 mil 527 ya habían recibido una sentencia.
Destacó su preocupación por el 35 por ciento de las PPL que aún no reciben una sentencia, es decir, que están enfrentando un proceso privadas de su libertad bajo estas figuras que últimamente han generado mucha polémica: de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa.
Es un dato muy preocupante, dijo, "porque están resintiendo las fallas del sistema sin que tengan una sentencia que decrete su culpabilidad, es decir, es gente inocente que está enfrentando un proceso y padece las fallas de un sistema de reinserción social y que puede ser perjudicial para esa persona en caso de que no se le compruebe la culpabilidad y regresa a la sociedad en una situación más complicada”.
Indicó que 35 por ciento es una cifra altísima y consideró corresponsabilizar tanto a los poderes legislativos, local y federal, y a los propios jueces, quienes aplican las normas.
Además, contar con un porcentaje alto de personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social de Morelos genera una sobrepoblación, hacinamiento y, por ende, condiciones para un autogobierno.
La constitución federal establece que dentro de un año se debe emitir la sentencia en la investigación de delitos no graves, y en un lapso de dos años en delitos graves. Hay gente que lleva más de dos años y por tanto se convierte en una sanción sin sentencia la prisión preventiva.
De ahí que la CDHM pidió a las autoridades de reinserción social despresurizar los centros, sobre todo los ubicados en Cuautla y Jojutla, que ya están rebasados en su capacidad en un 100 por ciento; para ello recomiendan construir uno nuevo; implementar una política que permita revisar la pensión preventiva, y recurrir al beneficio de la Ley Nacional de Ejecución de Penas que permita que aquellas personas con sentencia accedan a beneficios para obtener su libertad.
No existe una estancia con dignidad
Hernández señaló que las personas privadas de su libertad no dejan de ser sujetos de derecho y la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos, por ello se debe garantizar su integridad física, moral y psicología.
Deben contar con una estancia digna, acceso a la salud y en este diagnóstico han hecho un informe especial sobre la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad, quienes por su género requieren medidas adicionales, como espacios para ejercer la maternidad y lactancia; los niños que viven sus primeros tres años de edad con sus mamás deben tener condiciones de desarrollo, además de accesos de productos del género femenino y otra serie de situaciones que actualmente no se logran en los Ceresos.
“Es necesario que la autoridad lo conozca, tomen nota en lo que están fallando, lo corrija y en una política de progreso poco a poco se vaya mejorando”, precisó.
En las fotografías que integran este diagnóstico se aprecian las nulas condiciones de salubridad y dignas para las personas recluidas en los 6 centros de reinserción; tan solo en los dormitorios se ve que inclusive a través de cobijas amarradas como tipo hamacas las PPL han creado sus camas, las literas están prácticamente destruidas y muchas a punto de quedarse sin fondo, sin una base.
Sin duda los espacios mejor conservados son los de visita íntima, mientras que los comedores y talleres presentan un evidente desgaste. Además, las áreas para ejercitarse o hacer actividad al aire libre o física tampoco son suficientes o nulas.
Sobrepoblación genera autogobierno
Hernández Cruz refirió que la combinación de sobrepoblación y la falta de elementos de seguridad y custodia generan autogobierno.
Añadió las condiciones laborales del personal administrativo y de custodia, sus bajos ingresos económicos y los riesgos que han expuesto y a las autoridades encargadas del sistema de reinserción no les ha interesado.
Recordó que emitieron recomendaciones por custodios que han sido ultimados, en algunos casos terminando su turno laboral; además de actos de corrupción que han permitido que se ingresen a los centros objetos o sustancias prohibidos, como drogas, teléfonos, bebidas alcohólicas e incluso armas.
La sobrepoblación y el autogobierno al final son generadores de riñas al interior de los centros, así como fugas, homicidios dolosos y suicidios, hechos que, aseguró, se han registrado a lo largo de la actual administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Enfatizó que es una obligación de las autoridades identificar grupos rivales que pudieran generan un riesgo de las personas privada de su libertad.
Indicó que existen grupos de células del crimen organizado: “Lo que pasa al interior de los centros de reinserción social es un reflejo de lo que está pasando afuera de esos muros, los altos niveles de delincuencia, los niveles de los delitos de alto impacto no se reducen, sino al contrario van al alza”.
Finalmente, resaltó que es responsabilidad de todos preocuparse porque el sistema de reinserción social funcione, pues al final la gente debe de reintegrarse en la sociedad y no volver a delinquir, ya que actualmente está pasando un efecto contrario.
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