/ lunes 4 de diciembre de 2023

Rezagadas, las denuncias en Anticorrupción

Este organismo, además de no tener total autonomía, se ha visto inmersa en conflictos que retrasan el desahogo de las carpetas de investigación y cada año acumula más

En los primeros días de noviembre el presidente de la Asociación de Agentes y Exagentes del Ministerio Público, Omar Alexander López Ortiz, solicitó al Congreso del Estado que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) investigue la utilización de recursos que ha ejercido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Esto tiene como principal propósito conocer cuál es el destino del presupuesto que ejerce el organismo creado en el 2015, sobre todo por la "falta de resultados" para perseguir y castigar actos de corrupción.

Por lo anterior demandaron realizar una reorganización administrativa, en virtud de que los recursos no llegan a donde tienen que llegar para cumplir con su objetivo: “Presentamos la continuidad del documento ante la Comisión de Hacienda (del Congreso) y el diputado Agustín Alonso, a quien se le hace la solicitud para que se ordenen auditorías especiales a las fiscalías General del Estado y a la Especializada en Combate a la Corrupción”.

Sin autonomía total

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos es uno de los once organismos que aún no cuentan con autonomía plena o al cien por ciento, pues depende de la administración de la Fiscalía General del Estado; además, su titular aún es designado por el fiscal general de justicia, lo que según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “implica riesgo en la imparcialidad y objetividad”.

Asimismo, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas reveló que, tras una solicitud de acceso a la información, se supo que de 2018 a 2022 se abrieron dos mil 414 carpetas de información.

En 2018 fueron 153, pero en 2019 el número creció más del 50 por ciento, pues se contabilizaron 466; para 2020 subió la cantidad a 598 expedientes y en 2021 hubo 638, aunque en 2022 contaron 559.

El último reporte con el que cuenta la Fiscalía Anticorrupción es al corte del mes de mayo del año 2023, tiempo en el que registra al menos 217 carpetas de investigación por denuncia y por oficio, lo que da un total de dos mil 631.

El documento retrata la opacidad que existe en Anticorrupción, pues la Unidad de Transparencia a cargo de Esther Harim Bahena Alarcón informó que debido a la carga de trabajo es "humanamente imposible" informar del número de carpetas judicializadas que ha emitido el organismo en ocho años de funcionamiento.

“Atendiendo a la excesiva carga de trabajo de esta Fiscalía y al número de carpetas de investigación de las cuales se solicita información, son en total de 2631, por lo que resulta humanamente imposible entregar dicha información de la manera en que se solicita, porque se encuentra dispersa”, explicó la funcionaria.

Pero, según IMCO el panorama no es nada alentador, ya que de cada carpeta que llega a los organismos sólo el 4.3 por ciento han sido judicializadas, es decir, que las o los señalados llegaron a comparecer ante la justicia y apenas un 0.2 por ciento tuvieron sentencia.

En dicho estudio realizado por el IMCO en Morelos, junto con Chiapas y Nayarit, no reportaron los datos sobre las investigaciones judicializadas.

Esta situación ha llevado al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo a una “espera” por cumplir con su promesa y bandera de campaña, cuando aseguró que él metería a su antecesor, el exmandatario Graco Ramírez, a la cárcel.

Para ello el exfutbolista y su equipo jurídico presentaron más de 60 denuncias, mismas que están en la “congeladora”.

Únicamente dos exfuncionarios del sexenio graquista han pisado la cárcel; Patricia Izquierdo, exsecretaría de Obras Públicas, acusada del delito de ejercicio abusivo de funciones y por el cual estuvo en prisión preventiva alrededor de siete meses, pero quedó libre porque la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para mantenerla bajo dicha medida cautelar.

El otro caso fue reciente, cuando se detuvo a Jerónimo Bernal, quien fungió como director general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y acusado de presuntamente beneficiar a empresas de sus familiares cuando estuvo en el cargo, pero otra vez por falta de pruebas salió libre.

En algún momento el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo: “Hay unas carpetas ahí de Graco que esperemos y ya empiecen a funcionar, porque anda escondido, anda corriendo, entonces esperemos que salgan esta semana y como siempre he dicho hay que hacerle justicia a los morelenses”.

Otros señalados de incurrir en actos de corrupción son el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, y Jorge Michel Luna, quien fuera titular de Hacienda y vinculado a proceso por peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Incluso el exgobernador Graco Ramírez enfrenta una acusación, pues cuando estaba a su cargo el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado, a tan solo días de terminar su mandato le otorgaron 600 mil pesos para adquirir un vehículo, razón por la cual hasta se amparó.

Otras carpetas frenadas son al menos 40 del Ayuntamiento de Cuernavaca que se presentaron a la llegada de José Luis Urióstegui a la alcaldía, informó la Consejera Jurídica, Nadia Luz Lara Chávez.

No obstante la Fiscalía Anticorrupción entró en un conflicto sobre quién debía ocupar la titularidad del organismo ante la solicitud de licencia de Juan Salazar Núñez, que buscaba un espacio para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, situación que no fructificó.

Pero ello, y la detención de Uriel Carmona, fiscal de justicia, derivó en otro conflicto, pues durante la ausencia de este se nombró a Isaías Rodríguez Moreno como titular del organismo, pero con un amparo Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal adjunto, retomó el puesto de encargado de despacho.

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Cuestionada si es que este conflicto abonó para que se retrasaran los expedientes, la consejera admitió que sí, pero espera que con el regreso de Salazar Núñez se pueda retomar el rumbo de las investigaciones.

“No hemos tenido ningún avance, nosotros hemos estado rindiendo todas las pruebas que nos ha pedio la Fiscalía, hemos estado pendientes del asunto y pues al principio era una cuestión de trámite; sin embargo, después tuvo sus propios conflictos la Fiscalía y eso ha venido retrasando un poco y ahora que tenemos de nueva cuenta al fiscal anticorrupción estamos a la espera de que se resuelva”, indicó.

Señaló que luego de un año de haber interpuesto las denuncias ninguna ha sido judicializada.

“Ya llevamos alrededor de un año en espera y no tenemos judicializada ni una sola de las carpetas… son alrededor de 40 denuncias que presentamos, por su puesto que está en la cancha del fiscal determinar el ejercicio de la acción penal o no, pero que tuviéramos por lo menos una respuesta a cerca de que si van a caminar o no”, externó.


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En los primeros días de noviembre el presidente de la Asociación de Agentes y Exagentes del Ministerio Público, Omar Alexander López Ortiz, solicitó al Congreso del Estado que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) investigue la utilización de recursos que ha ejercido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Esto tiene como principal propósito conocer cuál es el destino del presupuesto que ejerce el organismo creado en el 2015, sobre todo por la "falta de resultados" para perseguir y castigar actos de corrupción.

Por lo anterior demandaron realizar una reorganización administrativa, en virtud de que los recursos no llegan a donde tienen que llegar para cumplir con su objetivo: “Presentamos la continuidad del documento ante la Comisión de Hacienda (del Congreso) y el diputado Agustín Alonso, a quien se le hace la solicitud para que se ordenen auditorías especiales a las fiscalías General del Estado y a la Especializada en Combate a la Corrupción”.

Sin autonomía total

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos es uno de los once organismos que aún no cuentan con autonomía plena o al cien por ciento, pues depende de la administración de la Fiscalía General del Estado; además, su titular aún es designado por el fiscal general de justicia, lo que según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “implica riesgo en la imparcialidad y objetividad”.

Asimismo, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas reveló que, tras una solicitud de acceso a la información, se supo que de 2018 a 2022 se abrieron dos mil 414 carpetas de información.

En 2018 fueron 153, pero en 2019 el número creció más del 50 por ciento, pues se contabilizaron 466; para 2020 subió la cantidad a 598 expedientes y en 2021 hubo 638, aunque en 2022 contaron 559.

El último reporte con el que cuenta la Fiscalía Anticorrupción es al corte del mes de mayo del año 2023, tiempo en el que registra al menos 217 carpetas de investigación por denuncia y por oficio, lo que da un total de dos mil 631.

El documento retrata la opacidad que existe en Anticorrupción, pues la Unidad de Transparencia a cargo de Esther Harim Bahena Alarcón informó que debido a la carga de trabajo es "humanamente imposible" informar del número de carpetas judicializadas que ha emitido el organismo en ocho años de funcionamiento.

“Atendiendo a la excesiva carga de trabajo de esta Fiscalía y al número de carpetas de investigación de las cuales se solicita información, son en total de 2631, por lo que resulta humanamente imposible entregar dicha información de la manera en que se solicita, porque se encuentra dispersa”, explicó la funcionaria.

Pero, según IMCO el panorama no es nada alentador, ya que de cada carpeta que llega a los organismos sólo el 4.3 por ciento han sido judicializadas, es decir, que las o los señalados llegaron a comparecer ante la justicia y apenas un 0.2 por ciento tuvieron sentencia.

En dicho estudio realizado por el IMCO en Morelos, junto con Chiapas y Nayarit, no reportaron los datos sobre las investigaciones judicializadas.

Esta situación ha llevado al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo a una “espera” por cumplir con su promesa y bandera de campaña, cuando aseguró que él metería a su antecesor, el exmandatario Graco Ramírez, a la cárcel.

Para ello el exfutbolista y su equipo jurídico presentaron más de 60 denuncias, mismas que están en la “congeladora”.

Únicamente dos exfuncionarios del sexenio graquista han pisado la cárcel; Patricia Izquierdo, exsecretaría de Obras Públicas, acusada del delito de ejercicio abusivo de funciones y por el cual estuvo en prisión preventiva alrededor de siete meses, pero quedó libre porque la Fiscalía no aportó pruebas suficientes para mantenerla bajo dicha medida cautelar.

El otro caso fue reciente, cuando se detuvo a Jerónimo Bernal, quien fungió como director general del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y acusado de presuntamente beneficiar a empresas de sus familiares cuando estuvo en el cargo, pero otra vez por falta de pruebas salió libre.

En algún momento el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo: “Hay unas carpetas ahí de Graco que esperemos y ya empiecen a funcionar, porque anda escondido, anda corriendo, entonces esperemos que salgan esta semana y como siempre he dicho hay que hacerle justicia a los morelenses”.

Otros señalados de incurrir en actos de corrupción son el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público, y Jorge Michel Luna, quien fuera titular de Hacienda y vinculado a proceso por peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Incluso el exgobernador Graco Ramírez enfrenta una acusación, pues cuando estaba a su cargo el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado, a tan solo días de terminar su mandato le otorgaron 600 mil pesos para adquirir un vehículo, razón por la cual hasta se amparó.

Otras carpetas frenadas son al menos 40 del Ayuntamiento de Cuernavaca que se presentaron a la llegada de José Luis Urióstegui a la alcaldía, informó la Consejera Jurídica, Nadia Luz Lara Chávez.

No obstante la Fiscalía Anticorrupción entró en un conflicto sobre quién debía ocupar la titularidad del organismo ante la solicitud de licencia de Juan Salazar Núñez, que buscaba un espacio para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, situación que no fructificó.

Pero ello, y la detención de Uriel Carmona, fiscal de justicia, derivó en otro conflicto, pues durante la ausencia de este se nombró a Isaías Rodríguez Moreno como titular del organismo, pero con un amparo Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, vicefiscal adjunto, retomó el puesto de encargado de despacho.

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Cuestionada si es que este conflicto abonó para que se retrasaran los expedientes, la consejera admitió que sí, pero espera que con el regreso de Salazar Núñez se pueda retomar el rumbo de las investigaciones.

“No hemos tenido ningún avance, nosotros hemos estado rindiendo todas las pruebas que nos ha pedio la Fiscalía, hemos estado pendientes del asunto y pues al principio era una cuestión de trámite; sin embargo, después tuvo sus propios conflictos la Fiscalía y eso ha venido retrasando un poco y ahora que tenemos de nueva cuenta al fiscal anticorrupción estamos a la espera de que se resuelva”, indicó.

Señaló que luego de un año de haber interpuesto las denuncias ninguna ha sido judicializada.

“Ya llevamos alrededor de un año en espera y no tenemos judicializada ni una sola de las carpetas… son alrededor de 40 denuncias que presentamos, por su puesto que está en la cancha del fiscal determinar el ejercicio de la acción penal o no, pero que tuviéramos por lo menos una respuesta a cerca de que si van a caminar o no”, externó.


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