Sala del TSJ en Cuautla requiere 180 mdp para operar

El presupuesto propuesto es crucial para la continuidad de reformas judiciales importantes

Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca

  · martes 28 de noviembre de 2023

En riesgo la implementación de la Reforma de justicia oral y familiar, advierten. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, se dijo preocupado por un posible recorte al anteproyecto que presentaron para el presupuesto 2024, el cual consta de 1 mil 060 millones de pesos, pues se pone en riesgo la operatividad de la segunda sala de Cuautla para la cual ya fueron designados los tres magistrados que estarán al frente.

En entrevista con medios de comunicación, Gamboa Olea señaló que además esto traería como consecuencia que no se pudiera implementar la Reforma de la justicia oral y familiar.

“Hay rumores de que se pretende recortar el presupuesto que se envió primero al Congreso del estado y eso generaría una parálisis en la implementación primero en la Reforma de la justicia oral y familiar, pero aquí hay un tema muy importante, si el mismo Congreso ya designó a tres magistrados de la nueva sala en Cuautla y no se dota de los recursos podríamos entrar en una parálisis y que no entre en funciones esa sala”, indicó.

Cabe señalar, que junto con la designación de siete magistraturas vacantes del Poder Judicial también hicieron lo propio con dicha sala: Anahí Bahena López, Miriam Janet Uribe Peralta y Juan Anuar Cianci Pérez que entrarán en funciones en enero de 2024.

Agregó que, solo para la nueva sala se necesitan contratar 50 colaboradores, además de la infraestructura suman cerca de 180 millones de pesos para completar el proceso.

“Si no se dotan los recursos y si no se asigna el presupuesto 2024 nosotros podríamos entrar en una parálisis tendríamos tres magistrados más todo el personal”, indicó.

Anteriormente, el presidente afirmó que requieren una solvencia presupuestal como la otorgada a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) arriba de los mil millones de pesos.

Sobre el tema de la designación de magistrados, Gamboa Olea manifestó que el proceso por parte del Congreso del Estado se llevó a cabo de forma democrática y que no visualiza temas políticos pues recibió profesionales del derecho.

Asimismo, dijo que con esto se reducirá la carga de trabajo que había con siete magistraturas vacantes.