/ miércoles 4 de agosto de 2021

Sin sentencia, 30 por ciento de los presos en Atlacholoaya: CDHEM

Derechos Humanos ha emitido recomendaciones para evitar sobrepoblación, autogobierno y tortura en las cárceles

Aproximadamente 30% de la población carcelaria del Centro de Reinserción Social Varonil, ubicado en Atlacholoaya, aún no ha sido sentenciada, según datos del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2020, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En el Cereso hay dos mil 276 internos; y se tiene un registro de 46 personas indígenas, 9 extranjeras, 19 de la comunidad LGBT+; 127 adultos mayores y 43 personas con discapacidad.

Es importante tomar en cuenta la situación jurídica en la que están las personas privadas de la libertad, pues del universo de población hay quienes cuentan con una sentencia condenatoria y que se encuentran privados de la libertad derivado de una medida precautoria o de la ejecución de prisión preventiva; las y los primeros tienen suspendidos sus derechos civiles, mientras que el resto lleva a cabo sus procesos judiciales, los cuales podrían culminar en sentencia absolutoria.

De los dos mil 276 internos, 70.51% están sentenciados y 29.48% están en calidad de procesados, lo que significa que no se ha determinado su culpabilidad o no del delito que se les imputa, pero permanecen privados de la libertad.

El Cereso de Atlacholoaya está sobrepoblado en un 114% en relación de su capacidad, lo cual provoca hacinamiento, principalmente en los dormitorios 3, 6, 10, 11, 12 y 13; así como en las áreas de personas con discapacidad física, alta seguridad e ingresos.

Tampoco hay registros sobre la cantidad de personas con enfermedades crónicas degenerativas; mucho menos existen campañas para su detección.

La autoridad del Centro carece de un registro de personas que cuentan con acceso a algún sistema de Seguridad Social, aunado a la insuficiencia del área médica y los consultorios con relación a la población; asimismo, hay desabasto de medicamentos en farmacia.

La CDHM informa que la autoridad del Cereso no cuenta con protocolos documentados para la atención de incidentes violentos.


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Aproximadamente 30% de la población carcelaria del Centro de Reinserción Social Varonil, ubicado en Atlacholoaya, aún no ha sido sentenciada, según datos del Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2020, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En el Cereso hay dos mil 276 internos; y se tiene un registro de 46 personas indígenas, 9 extranjeras, 19 de la comunidad LGBT+; 127 adultos mayores y 43 personas con discapacidad.

Es importante tomar en cuenta la situación jurídica en la que están las personas privadas de la libertad, pues del universo de población hay quienes cuentan con una sentencia condenatoria y que se encuentran privados de la libertad derivado de una medida precautoria o de la ejecución de prisión preventiva; las y los primeros tienen suspendidos sus derechos civiles, mientras que el resto lleva a cabo sus procesos judiciales, los cuales podrían culminar en sentencia absolutoria.

De los dos mil 276 internos, 70.51% están sentenciados y 29.48% están en calidad de procesados, lo que significa que no se ha determinado su culpabilidad o no del delito que se les imputa, pero permanecen privados de la libertad.

El Cereso de Atlacholoaya está sobrepoblado en un 114% en relación de su capacidad, lo cual provoca hacinamiento, principalmente en los dormitorios 3, 6, 10, 11, 12 y 13; así como en las áreas de personas con discapacidad física, alta seguridad e ingresos.

Tampoco hay registros sobre la cantidad de personas con enfermedades crónicas degenerativas; mucho menos existen campañas para su detección.

La autoridad del Centro carece de un registro de personas que cuentan con acceso a algún sistema de Seguridad Social, aunado a la insuficiencia del área médica y los consultorios con relación a la población; asimismo, hay desabasto de medicamentos en farmacia.

La CDHM informa que la autoridad del Cereso no cuenta con protocolos documentados para la atención de incidentes violentos.


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