En el año 2020 Morelos registró 764 personas desaparecidas, entre ellos 13 adolescentes que estaban al cuidado del Estado. Su guarda y custodia correspondía al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Su historia es de adicciones, maltrato, rebeldía, abuso policial y omisiones constantes de la autoridad para informar sobre su estado de salud y paradero.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) ha advertido que “algo está pasando” en los albergues del DIF y la población al cuidado del Estado se encuentra en riesgo.
Mucho más grave es que la desaparición de los adolescentes ocurrida hace ya dos años fue inmediatamente posterior al inicio de la investigación de la CDHM sobre una riña en el albergue de Temixco que habrían protagonizado los adolescentes, quienes fueron sometidos por elementos policiacos, y que llevó al traslado de los menores a centros de rehabilitación de adicciones que no tienen registros sanitarios ni autorización para operar. Después de ello, poco se sabe de cada uno. A la fecha aún se desconoce el paradero de dos menores.
Historia de un motín
Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHM, narra que el 1 de septiembre de 2020 inició una investigación a causa de un amotinamiento que se llevó a cabo dentro del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), localizado en avenida Miguel Hidalgo de la colonia del mismo nombre en Temixco.
La indagatoria tenía una causa probable: a través de redes sociales circulaba un video en el que adolescentes causaban disturbios dentro del CEDIF, lugar en el que se encontraban bajo la custodia del Estado por diversas razones, algunos padecían la vulneración de sus derechos fundamentales y otros eran víctimas de la pobreza, marginación, drogadicción, abuso sexual y abandono.
A las 13:00 horas de aquél día se registró un motín de los internos en protesta por los presuntos malos tratos que recibían en el centro, por lo que se solicitó apoyo de elementos de la Policía Morelos por parte de los oficiales de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar que se encuentran de guardia en el lugar.
La situación fue controlada en su momento, pero aproximadamente a las 18:30 horas nuevamente se dio una continuación de la trifulca. En esta ocasión la evidencia circuló en redes sociales. En los videos publicados en Facebook se observaba cómo los adolescentes estaban desde la azotea aventando piedras y palos, rompiendo vidrios y mobiliario. Al darse a conocer el video la CDHM se movilizó.
“Es una investigación que generó mucha atención mediática por los hechos que le dieron origen”, explica.
Abunda en la importancia de recordar que las personas están bajo el cuidado del Estado, que tiene la obligación de velar por su integridad, salud y seguridad, además debe generar las condiciones que requiere cualquier menor de edad para poder tener una vida digna.
En busca de las fallas
Desde ese momento, dijo, la comisión buscó el origen de la violencia: “La manifestación es el último recurso que tiene una persona cuando algo no está siendo atendido por su autoridad. Lo que nos llama la atención es saber porqué se dio, qué exigencias solicitaban, en qué condiciones se encontraban los adolescentes que decidieron recurrir a este último recurso”.
La hipótesis de la CDHM fue que no se escuchaba o atendía a los menores de edad. Además de que en las acciones que llevaron a cabo los elementos de la policía se presume habrían incurrido en abusos.
“Se implementó un operativo policial y es justamente el que nosotros estamos investigando: se abusa de la fuerza pública, ingresan al albergue y generan un uso desproporcionado de la fuerza pública, incurren en abuso policial en perjuicio de adolescentes, seguimos hablando de gente que está en especial vulnerabilidad”.
Las sospechas de que algo funcionaba mal tomaron fuerza cuando la visitaduría de la CDHM llegó al lugar: “Para nuestra sorpresa se nos obstruyó el acceso para presenciar la ejecución del operativo alrededor de 40 minutos. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas, se logró vencer esta obstrucción, pero se ingresó cuando el operativo ya había acabado, los adolescentes y niños se encontraban ya en sus habitaciones , relató Hernández.
Una vez adentro solicitaron la presencia de los adolescentes que habían estado en esta situación, sin embargo, recordó que dichos trabajos fueron complicados:
“Nos costó trabajo pero logramos entrevistar a algunos. Todos de manera coincidente nos dijeron que habían sido objeto de malos tratos, que les habían jalado el cabello, pegado con varillas en las pantorrillas, los tenían hincados, les amarraron las manos”. Estos actos están prohibidos por la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí se establece que no pueden ser objeto de este tipo de tratos.
Camino de obstáculos
La CDHM comenzó el camino que desde hace dos años sigue sin concluir: “Iniciamos una queja, solicitamos informes y se nos ha complicado desde entonces muchísimo poder acceder a los expedientes, seguir entrevistando a quienes sufrieron abusos. Hubo obstrucción total y una política hacia nuestra labor, cuando la ley nos faculta para investigar violaciones a derechos humanos cuando lo necesitemos”.
Con el paso del tiempo la comisión trató de avanzar para hallar los verdaderos motivos, no obstante, durante el proceso encontraron infinidad de obstáculos al grado de que tuvieron que promover juicios de amparo desde la comisión para acceder a cierta información, algo inédito, ya que la CDHM nunca lo había hecho.
Se reclamó que en el CEDIF existían posibles malos tratos o tortura, además de la incomunicación que existió al inicio: “No es exagerado lo que se investiga en este caso, logramos intervenir con el juicio de amparo, yo me llegué a entrevistar con el juez de la causa y reconocía el esfuerzo que realizamos por conseguir la información por la vía jurídica hasta las últimas instancias”, indicó.
Sospechas sembradas
En el curso de las investigaciones de los implicados en el motín del 1 de septiembre, 13 adolescentes llamaron especialmente la atención de la CDHM por sus declaraciones puntuales sobre el caso, sin embargo, desaparecieron luego de la primera entrevista. De acuerdo con el DIF estatal, los motivos de la “reubicación” fueron los problemas de adicciones que padecían. Sospechosamente, la ausencia se dio cuando la CDHM armaba la carpeta de investigación:
“La sorpresa es que 13 de estos adolescentes fueron trasladados como consecuencia de estos hechos a centros de atención de adicciones, derivado de nuestras investigaciones e informes a las autoridades federales nos dimos cuenta que operaban de forma clandestina, no tienen registros para operar como centros de adicciones en el ámbito federal ni local. El DIF nos entregó inicialmente una lista con 13 nombres de adolescentes involucrados. Al volver a solicitar la información por la vía oficial aparecían nombres diferentes. Nos pretextaron 'errores de información'”.
Estos “errores”, considera, son por el manoseo de información: “No puede ser posible que no puedan tener un registro riguroso y exacto del egreso e ingreso del albergue y el centro de adicciones".
Había más indicios de que los adolescentes maltratados en el CEDIF eran más de los 13 que no eran localizables. El personal del CEDIF negaba las entrevistas con los menores argumentando que se les revictimizaría, “entonces hay una aceptación de que en el centro eran víctimas”.
Tiempo después aparecen evidencias en una publicación nacional. Fotografías en que se aprecia a un número de adolescentes hincados, con las manos atadas tras la espalda, con el torso descubierto, descalzos y mirando a la pared frente a elementos policíacos que los someten. Las características de las imágenes coinciden con las del albergue, expuso el presidente de la CDHM.
Las fotografías fueron integradas al expediente junto con un audio que se les hizo llegar de manera anónima, y que se supone fue grabado después del motín. En la grabación “se escucha que algún elemento policiaco, queremos pensar, estuvo en una reunión en donde un mando los está aleccionando para que derivado de nuestra investigación nieguen que incurrieron en este abuso policial”.
“Tenemos una serie de situaciones que nos lleva a concluir en que algo está pasando y que la población que está bajo la custodia del Gobierno del Estado puede estar bajo algún riesgo… todavía hay dos personas que no se localizan, ya pasó mucho tiempo, nosotros seguimos con una obstrucción total, todo lo que hemos obtenido es gracias a los recursos de amparo”, advierte Hernández Cruz.
La CDHM requiere saber cuáles fueron las condiciones por las que los jóvenes ya no están en dicho albergue, si fue por mayoría de edad o algún proceso de adopción: “Seguimos avanzando a través de recursos que no deberíamos de estar usando”, pues la información sobre todo el asunto tendría que entregarse sin ocultamiento.
Incluso un Tribunal Federal dio vista a la Fiscalía General de la República por la posible comisión de actos de desaparición forzada, lo cual es más preocupante.
El caso fue tan relevante que existieron pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), DIF federal, Fiscalía Especializada en el Combate a Anticorrupción (FECC).
En abril de 2021, a través de un comunicado el Sistema DIF Morelos, informó que dos jóvenes usuarias del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) se escaparon del CEDIF; 24 horas después fueron localizadas.
Expedientes abiertos
A la fecha el sistema DIF estatal acumula 18 quejas y siete los sistemas municipales. Los motivos son, entre otros, la violación de derechos del niño, al derecho a la salud, a los derechos de las víctimas, a la igualdad y trato digno, omisión en salvaguardar el interés superior de la niñez y maltrato a menores.
El expediente de los 13 adolescentes del DIF Temixco sigue sin cerrarse, reconoce la CDHM, aunque se trabaja en ello:
“Al final de cuentas no es para perjudicar a la institución (DIF Morelos), sino para que esta tome las correcciones necesarias y para que la Comisión Estatal de Seguridad se capacite en este tipo de operativos especiales“, concluyó Hernández.
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