El viernes 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Nación un listado de modificaciones a diversas leyes con el objetivo de eliminar las barreras legales que impedían que el gobierno federal tomará el control de los recursos reservados para fines específicos y que se encontraban resguardados en fideicomisos.
Estos recursos se destinaban originalmente para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para la cooperación internacional para el desarrollo, para la atención de desastres naturales, para la atención de víctimas, para el apoyo a productores del campo, para la atención de niños con cáncer y para el fomento de la investigación científica, entre otros rubros.
El total de recursos confiscados por el gobierno desde estos y otros fideicomisos entre 2019 y 2020 supera los 800 mil millones de pesos. Cantidad suficiente para construir cinco aeropuertos como el AIFA, dos refinerías como Dos Bocas o el Tren Maya completo, con todo y su sobrecosto.
Para la comunidad científica, la derogación de la sección IV de la Ley de Ciencia y Tecnología no solamente significó la extinción de los fideicomisos y la pérdida de más de 23 mil millones de pesos, sino también la eliminación de los fondos para la investigación.
Estos fondos tenían más de 30 años de haberse creado y eran la base del sistema de financiamiento para la investigación científica. Había fondos institucionales desde donde el Conacyt y sus centros públicos de investigación asociados financiaban proyectos propios y en colaboración. Otros eran mixtos, desde donde se financiaban de manera conjunta proyectos de interés de los estados. Uno regional para la atención de problemas que afectaban a más de un estado. El resto eran para la atención de problemas sectoriales y eran operados de manera conjunta por el Conacyt y las diferentes secretarías y organismos del gobierno federal.
Para nosotros, el resultado de esta acción legislativa fue la desaparición de casi un centenar de ventanillas desde donde se publicaban convocatorias para proyectos de investigación y que, entre 2012 y 2018, dispersaron 45 mil millones de pesos en beneficio de más de 10 mil proyectos.
Este robusto sistema fue sustituto por una minúscula oficina en el Conacyt con H desde donde la mayoría de los recursos se asignan ahora discrecionalmente a proyectos de interés personal de su directora y solamente una exigua cantidad se somete a convocatoria.
Para agravar más la situación, la extinción de los fideicomisos también trajo la imposibilidad del ejercicio multianual de recursos y ahora reina la incertidumbre, el desorden y la falta de sensibilidad hacia las múltiples maneras como se lleva a cabo la investigación
Pero no hay plazo que no se cumpla. La semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó dos importantes declaraciones de inconstitucionalidad. Por un lado, declaró inconstitucional la modificación de la Ley General de Víctimas que permitió la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas.
Por otro lado, también declaró la inconstitucionalidad de la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) por considerar que fue una decisión contraria a la prohibición de no regresividad de los derechos humanos de participación cultural y libre manifestación.
Estas dos eliminaciones se derivaron de las múltiples modificaciones efectuadas ese fatídico 6 de noviembre de 2020. El escenario que se plantea para la sociedad a partir de las resoluciones de la Corte es de profunda importancia ya que demuestra el dolo y malevolencia del gobierno y de su fracción en las cámaras al aprobar con plena conciencia iniciativas ilegales que dañan y perjudican a la sociedad.
Siguiendo esta lógica, la Suprema Corte tendrá que llegar al punto de reactivar los fondos para la investigación derivados de la mutilación de la Ley de Ciencia y
Tecnología, lo que nos permitiría dotarlos de nuevo de recursos sin tener que depender de nuevas gestiones y de nuevas discrecionalidades.
Vale la pena hacer mención que este resultado se debe también a que en ningún caso se logró demostrar malversación ni otra forma de corrupción, alegatos que motivaron la extinción de los fideicomisos.
Tristemente, la situación es la misma que tras un asalto, a lo más a lo que podemos aspirar es a recuperar la cartera vacía.
