De acuerdo con el INEGI, del total de las mexicanas mayores de 15 años, 24 millones participamos en el mercado laboral y 3 millones más se reportan con disposición para trabajar. De las mujeres ocupadas, dos millones estarían en disponibilidad para trabajar más horas si se le ofreciera la posibilidad. Esto significa que una de cada cinco mujeres que trabaja o quiere trabajar no encuentra todavía las oportunidades de empleo que necesita.
Peor aún, la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en el mercado informal, es decir, que no cuenta con ningún tipo de prestación ni seguridad social, tampoco de servicios de atención y cuidado infantil.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, se crea en 2007 el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Este programa beneficiaba también a padres solos o tutores que requirieran los servicios.
Las estancias estaban abiertas al público en general y brindaban apoyo a hogares con al menos un hijo de entre un año y hasta los 3 años 11 meses de edad o entre uno y hasta cinco años con 11 meses en casos de pequeños con alguna discapacidad. Cada estancia contaba con un responsable y un asistente por cada ocho niños o cuatro niños con discapacidad.
Para 2018 el programa daba atención y cuidados a 329,821 pequeños mediante la aportación de 900 pesos mensuales por cada uno o 1,800 pesos mensuales en caso de presentar alguna discapacidad. Los recursos se ministraban directamente a cada uno de los 9,566 establecimientos registrados, por lo que el beneficiario recibía el apoyo en especie.
La cancelación del programa fue una de las primeras aciones del gobierno actual y no solamente dejó en el desamparo a más de 300 mil familias, muchas de ellas monoparentales, sino que privó de su empleo a más de 50 mil personas que prestaban los servicios, en su gran mayoría mujeres.
Actualmente, las pocas estancias que siguen operando carecen del apoyo por lo que las personas que no tienen otra alternativa tienen que aportarlo de sus ingresos, mermando sustancialmente su calidad de vida, pues el costo por cada pequeño rebasa actualmente los dos mil pesos mensuales.
El motivo oficial que se dió en su momento para la cancelación de las estancias fue el mismo utilizado para justificar la desaparición de otros programas incluyendo los fideicomisos para la investigación: que había corrupción, que los recursos no llegaban a los beneficiarios, que los intermediarios se quedaban con "moches", etc.
Finalmente y a solo 220 días de que se vayan, no se ha fincado ni una sola denuncia contra funcionarios de gobierno por estas imputaciones. Las palabras del presidente dirigidas a la responsable de una de las estancias canceladas es un fiel reflejo de la errada política social del gobierno, en la que llanamente "pagan justos que pecadores".
Para información adicional de éste y otros temas de interés visiten
Twitter: @BValderramaB
Facebook: https://www.facebook.com/BValderramaB
