La evaluación al desempeño docente no es una herramienta para descalificar al magisterio; por el contrario, se trata de un medio de información puntual sobre el sistema educativo nacional. En ese sentido, tiene una función eminentemente democrática, pues permite a la población tomar decisiones de apoyo o rechazo a la política educativa impuesta por el Estado mexicano, rector del sistema educativo nacional que incluye a las escuelas públicas y privadas de todo el país.
Claro que no se trata sólo de evaluar a los docentes, también es necesario continuar con las evaluaciones a los alumnos, a las autoridades educativas, a la infraestructura educativa, como un medio de rendición de cuentas para quienes financian la educación a través de sus impuestos, y padecen de forma directa o indirecta sus resultados. En este sentido, pronunciarse en contra de una evaluación estandarizada, pública, exhaustiva, de todo el sector educativo y cada una de sus partes, resulta tan antidemocrático como lo sería ocultar los resultados de las cuentas públicas, los índices de morbilidad y mortandad, las cifras de inseguridad, o cualquiera otro de los datos a disposición de los electores para tomar decisiones respecto a la continuidad o cancelación de las políticas públicas.
Es cierto que gran parte de los electores toman decisiones de manera poco informada (conducta de la que ha surgido aquella máxima de “la democracia se equivoca con frecuencia”); pero esa disfunción del régimen debiera radicar en decisiones del elector (qué información allegarse y cómo utilizarla para tomar decisiones), y no en la falta de disponibilidad de datos suficientes para alimentar los juicios racionales de los sujetos.
Cancelar la evaluación de cualquiera de las políticas públicas, es un enorme absurdo, mucho más si se trata de un esquema tan completo como el que especialistas en educación diseñaron para el sistema educativo y que incluye la revisión de las condiciones de aprendizaje, los resultados, los actores del proceso educativo y que resulta en un cúmulo de información envidiable para el rediseño de estrategias y políticas educativas, y para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse en el sector.
Gracias a la evaluación, por ejemplo, nos enteramos de que el problema de bajos resultados en el sistema educativo nacional es una asunto multifactorial en el que inciden las condiciones del aprendizaje, la dinámica familiar de los alumnos, la organización del sistema educativo, las fallas en los planes y programas de estudio, las dinámicas del salón de clase, la falte de incorporación de nuevas tecnologías, la burocratización de las autoridades educativas, y las fallas en la preparación de los maestros frente a grupo. Si bien había alguna intuición sobre ello, la complejidad de este racimo de problemas que repercute en la baja calidad de la educación en México (que durante el último sexenio se elevó apenas moderadamente), nos fue claramente expuesta en el diagnóstico derivado de la evaluación puntual y objetiva del sistema (por supuesto que el resultado habría sido diferente si las mediciones las hubieran hecho la SEP y el SNTE, por lo que se creó una entidad externa).
Debiera ser incuestionable el valor de la evaluación y el deber de entes externos financiados por el Estado, de diseñarla, aplicarla y difundir sus resultados. Por ello parece por lo menos mezquino que el debate en torno a los presuntos efectos perniciosos de la reforma educativa pase por la cancelación de la evaluación, decisión que nos llevaría a volver a andar a ciegas en el sector educativo.
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