Brenda Valderrama

  / lunes 5 de agosto de 2019

Nuestra deuda con los investigadores estatales

Las diferencias de estos últimos días entre el Conacyt y su órgano de consulta el Foro Consultivo Científico y Tecnológico han tenido múltiples consecuencias que sería imposible cubrir en lo limitado de este espacio, sin embargo hay una de ellas que, por su carácter humano, no quisiera dejar de atender.

Se trata del reconocimiento de nuestros académicos estatales como investigadores.

Para poner en contexto la situación, comencemos aclarando que un académico que se dedica exclusivamente a la docencia cumple las funciones de profesor, ya sea de asignatura o de tiempo completo. Si esta misma persona realiza actividades que derivan en la generación de conocimiento y ese conocimiento se hace del dominio público siguiendo criterios de calidad realiza funciones de investigación. Por lo regular los investigadores son profesores pero no necesariamente al revés.

Si a esto le añadimos un nivel más de complejidad que tiene que ver con la situación laboral, podríamos encontrar el caso de una persona con nombramiento de bibliotecario impartiendo cursos, dirigiendo tesis y publicando artículos arbitrados con los resultados de sus investigaciones. Oficialmente es bibliotecario pero realiza funciones de investigador. Escribí bibliotecario pero pudiera ser analista o telefonista, para el caso es lo mismo. Paradójicamente, son los investigadores quiénes generan los indicadores más relevantes para la calificación de la institución en evaluaciones nacionales o internacionales. Por lo tanto nuestras instituciones, ya sean de educación superior o de investigación, precisan de que sus investigadores sean lo más exitosos posible.

Desafortunadamente y por restricciones presupuestales, las instituciones proveen al académico de las condiciones mínimas para la realización de su labor de investigación pero son cada vez menos las que otorgan gastos de operación. La alternativa es concursar por recursos del gobierno. El Sistema Nacional de Investigadores SNI es un programa del Conacyt que emite acreditaciones como investigador. Actualmente hay alrededor de 27 mil académicos en el SNI pero un estimado realizado por el mismo Conacyt indica que puede haber otro tanto de investigadores fuera del sistema. Estar fuera del SNI tiene consecuencias ya que la mayoría de las convocatorias del gobierno para financiamiento de proyectos establecen como requisito ineludible que el investigador líder sea miembro del Sistema.

No pertenecer al SNI se vuelve entonces un obstáculo para la obtención de recursos y la carencia de recursos limita la productividad del investigador impidiéndole el acceso al Sistema. ¿Qué alternativa existe para romper este círculo vicioso? La intervención de otras fuentes de acreditación y financiamiento diferentes a las del Conacyt. Para el estado de Morelos esta alternativa es el Sistema Estatal de Investigadores SEI.

Mediante convocatorias abiertas, el SEI actualiza anualmente la acreditación como investigador y otorga un estímulo económico que puede ser utilizado libremente por el beneficiario para el financiamiento de sus investigaciones. Desde su creación en 2009 hasta el 2017, el gobierno del estado había dispersado a través del SEI más de 25 millones de pesos en beneficio de 1,405 investigadores morelenses que no pertenecen al SNI.

La cancelación del SEI tendría graves y funestas consecuencias. Por un lado interrumpe la cadena de acreditación de nuestros académicos como investigadores, por otro lado elimina el acceso a los recursos públicos y, finalmente, desarticula el Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. Eso sin contar con el riesgo de cometer una acción ilegal, pues para los funcionarios es una obligación contenida en la Ley en la materia. Termino diciendo que los investigadores estatales son de extraordinario valor para el estado pues son ellos, precisamente, quienes realizan los estudios de mayor impacto local generando la información científica necesaria para sustentar las políticas públicas.

Invertir en el SEI es una obligación pero, más importante, es la única forma de subsanar la deuda histórica con nuestros investigadores estatales.


Información adicional de éste y otros temas de interés: http://reivindicandoapluton.blogspot.mx

Las diferencias de estos últimos días entre el Conacyt y su órgano de consulta el Foro Consultivo Científico y Tecnológico han tenido múltiples consecuencias que sería imposible cubrir en lo limitado de este espacio, sin embargo hay una de ellas que, por su carácter humano, no quisiera dejar de atender.

Se trata del reconocimiento de nuestros académicos estatales como investigadores.

Para poner en contexto la situación, comencemos aclarando que un académico que se dedica exclusivamente a la docencia cumple las funciones de profesor, ya sea de asignatura o de tiempo completo. Si esta misma persona realiza actividades que derivan en la generación de conocimiento y ese conocimiento se hace del dominio público siguiendo criterios de calidad realiza funciones de investigación. Por lo regular los investigadores son profesores pero no necesariamente al revés.

Si a esto le añadimos un nivel más de complejidad que tiene que ver con la situación laboral, podríamos encontrar el caso de una persona con nombramiento de bibliotecario impartiendo cursos, dirigiendo tesis y publicando artículos arbitrados con los resultados de sus investigaciones. Oficialmente es bibliotecario pero realiza funciones de investigador. Escribí bibliotecario pero pudiera ser analista o telefonista, para el caso es lo mismo. Paradójicamente, son los investigadores quiénes generan los indicadores más relevantes para la calificación de la institución en evaluaciones nacionales o internacionales. Por lo tanto nuestras instituciones, ya sean de educación superior o de investigación, precisan de que sus investigadores sean lo más exitosos posible.

Desafortunadamente y por restricciones presupuestales, las instituciones proveen al académico de las condiciones mínimas para la realización de su labor de investigación pero son cada vez menos las que otorgan gastos de operación. La alternativa es concursar por recursos del gobierno. El Sistema Nacional de Investigadores SNI es un programa del Conacyt que emite acreditaciones como investigador. Actualmente hay alrededor de 27 mil académicos en el SNI pero un estimado realizado por el mismo Conacyt indica que puede haber otro tanto de investigadores fuera del sistema. Estar fuera del SNI tiene consecuencias ya que la mayoría de las convocatorias del gobierno para financiamiento de proyectos establecen como requisito ineludible que el investigador líder sea miembro del Sistema.

No pertenecer al SNI se vuelve entonces un obstáculo para la obtención de recursos y la carencia de recursos limita la productividad del investigador impidiéndole el acceso al Sistema. ¿Qué alternativa existe para romper este círculo vicioso? La intervención de otras fuentes de acreditación y financiamiento diferentes a las del Conacyt. Para el estado de Morelos esta alternativa es el Sistema Estatal de Investigadores SEI.

Mediante convocatorias abiertas, el SEI actualiza anualmente la acreditación como investigador y otorga un estímulo económico que puede ser utilizado libremente por el beneficiario para el financiamiento de sus investigaciones. Desde su creación en 2009 hasta el 2017, el gobierno del estado había dispersado a través del SEI más de 25 millones de pesos en beneficio de 1,405 investigadores morelenses que no pertenecen al SNI.

La cancelación del SEI tendría graves y funestas consecuencias. Por un lado interrumpe la cadena de acreditación de nuestros académicos como investigadores, por otro lado elimina el acceso a los recursos públicos y, finalmente, desarticula el Sistema Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología. Eso sin contar con el riesgo de cometer una acción ilegal, pues para los funcionarios es una obligación contenida en la Ley en la materia. Termino diciendo que los investigadores estatales son de extraordinario valor para el estado pues son ellos, precisamente, quienes realizan los estudios de mayor impacto local generando la información científica necesaria para sustentar las políticas públicas.

Invertir en el SEI es una obligación pero, más importante, es la única forma de subsanar la deuda histórica con nuestros investigadores estatales.


Información adicional de éste y otros temas de interés: http://reivindicandoapluton.blogspot.mx

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