En los últimos años, la discusión que se había centrado únicamente en la pobreza como el principal problema nacional en términos sociales, ha comenzado a incluir también otros fenómenos explicativos como la desigualdad y la movilidad social.
Desde hace décadas se dijo que la reforma laboral permitiría mejorar sustancialmente el ingreso generado por el trabajo y, con ello, favorecer la movilidad social. Sin embargo, luego de las reformas de 2012 las características del mercado laboral no han tenido efectos positivos y generalizados como se prometieron.
Por el contrario, se han acentuado las desigualdades regionales, el tipo de empleo sigue siendo precario, sustentándose en sueldos bajos, que no ofrecen estabilidad ni prestaciones sociales integrales. Ello sin mencionar, la realidad en la que se encuentran las personas ocupadas en la informalidad, en actividades domésticas o en el sector rural.
Los efectos sociales de este tipo de empleos no sólo los encontramos en las desigualdades regionales, sino también por razón de género, ya que prevalecen condiciones laborales en donde las mujeres y en particular las personas jóvenes o mayores, participan en restricciones en materia de salarios y prestaciones sociales, derivando en un círculo vicioso de discriminación y exclusión social.
El modelo económico actual no está diseñado para funcionar en beneficio de la mayoría ni para aliviar las condiciones de pobreza de manera generalizada. Y en este sentido, la reforma laboral no contribuyó en la solución del problema por ser parte del diseño lógico del mismo modelo.
Desde que Coneval comenzó a medir la pobreza y su evolución desde un enfoque multidimensional, por supuesto que la incidencia pública ha permitido mejorar muchos indicadores. Se han detonado procesos y desarrollado mecanismo de coordinación interinstitucionales, estrategias de intervención territorial social, mayor información y mejoras sustantivas en la toma de decisiones para dirigir y aplicar eficientemente los recursos, así como buenas prácticas de monitoreo y evaluación, transparencia y canales para incentivar la participación social.
Sin embargo, los problemas causados por la desigualdad y la movilidad social no se resolverán únicamente con el diseño e implementación de políticas públicas innovadoras si el modelo económico permanece igual, ya que definitivamente no está diseñado para promover o generar la inclusión social de amplios grupos de población, en especial de los vulnerables.
Es decir, tal y como ocurrió con la reforma laboral, todos los esfuerzos que se pongan en marcha estarán limitados desde el inicio mientras no se modifique el modelo económico. Por lo que, consecuentemente, los resultados siempre serán similares: índices de pobreza indefinida y alarmantemente altos.
De ahí la urgencia de analizar y discutir un nuevo enfoque que permita implementar un marco teórico y un nuevo diseño institucional que reduzca disparidades y que viabilice la construcción de sociedades justas y economías igualitarias; recordando aquellos países que han logrado crear fuertes regímenes de seguridad social, salarios mínimos, impuestos progresivos y un fuerte Estado Benefactor.
Para ello, se debe centrar la discusión en propuestas que permitan mejorar las oportunidades educativas, el ingreso laboral, así como incorporar nuevas políticas universales, impositivas y que permitan una mejor redistribución del ingreso. Es decir, enfocarnos en las causas de la desigualdad a fin de poner en marcha instrumentos generalizadores del Estado que permitiría reducirla y a partir de ello, atacar la pobreza y la excesiva concentración de la riqueza.
