Hoy más que nunca, todas las instituciones del Estado Mexicano se encuentran bajo el escrutinio de la sociedad nacional en el ejercicio racional y austero de los recursos públicos que la ley otorga para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. ¿Qué medidas tiene el INE en esta materia?
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inicia señalando que … Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados… Desde 1997, fecha que algunos especialistas electorales refieren como el inicio de la transición política mexicana, se han llevado a cabo reformas y adiciones a la Constitución federal a fin de armonizar el régimen de las finanzas públicas y fortalecer el conglomerado institucional con la finalidad de perfeccionar la fiscalización del gasto público y establecer mejores fundamentos para la administración de los recursos económicos públicos. En este contexto, cada institución ha determinado medidas y controles para cumplir lo que refiere la ley.
El Instituto Nacional Electoral, en congruencia con lo que la Constitución le mandata, cuenta entre sus ordenamientos institucionales con el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros; el Reglamento en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios; y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. Además, anualmente aprueba las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
En la ejecución de procesos de compras y sus subprocesos de planeación y programación; contratación; administración del contrato, y control y seguimiento, los órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral -utilizando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas- operan a través de los denominados Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, integrados colegiadamente por los titulares de las unidades administrativas y titulares de áreas sustantivas. Estos órganos aprueban, entre otros, los servicios básicos para la operación de las áreas como los de limpieza, de vigilancia, de abastecimiento de agua, de fotocopiado; también se contempla el arrendamiento de inmuebles o de servicios; y diversas adquisiciones mayores o menores como insumos de oficina, de cafetería, de mantenimiento a inmuebles, vestuario institucional, equipos de audio y video. Cada una de las adjudicaciones y aprobaciones de estos órganos deben estar debidamente justificadas y contar con toda la documentación que exige la norma administrativa.
Melgar Bravo, en la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mencionaba que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos de un régimen democrático avanzado, que las modernas democracias constitucionales no sólo deben garantizar reglas claras y confiables, sino que deben asegurar el ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos. Santiago Nieto, por otro lado, refería que las comisiones de acceso a la información y los órganos de fiscalización superior son uno de los elementos que podrían darle certeza al ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y sobre la justificación de las decisiones políticas, fortaleciendo los esquemas de rendición de cuentas y responsabilidad de los servidores públicos y, consecuentemente, a la democracia.
Al final del día, regresamos al tema de la confianza; en este caso, la confianza ciudadana hacia las instituciones que manejan recursos públicos. Si queremos que mejore la calidad de vida democrática, es necesario que las instituciones cuenten con órganos, comités o comisiones donde se transparente el ejercicio de recursos públicos, y como sociedad debemos impulsar la rendición de cuentas y la máxima publicidad.
