El presidente del consejo ganadero del estado de Morelos, Christian Mishell Pérez Jaimes, expuso que hay pseudoproductores que reciben recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), por lo que hizo un llamado para que haya una auditoría y un censo en los municipios para que el recurso sea destinado a los verdaderos productores.
"En los FAEDE nos encontramos que hay pseudoproductores; yo creo que deberían revisar los padrones, con el padrón ganadero nacional para poder empatar a los que sí son productores de los que no, y que se benefician del recurso", explicó.
Pérez Jaimes señaló que las direcciones de desarrollo agropecuario municipales son las encargadas de verificar el padrón y evitar que el recurso o el material tenga una reventa o mal uso.
"Hay gente que en algún momento se dedicó a la actividad y hoy en día recibe el recurso; pasaba con los fertilizantes, los reciben y después los venden, porque ellos ya no se dedican a la actividad; por eso, eso, lejos de hacer que sea un recurso útil, lo pulverizan", señaló.
Señaló que el INEGI ya realizó el censo agropecuario; sin embargo, este no ha llegado a las direcciones municipales, por lo que deberán coincidir los registros del Instituto y de las Direcciones.
Pérez Jaimes señaló que respalda la propuesta de la diputada Verónica Anrubio Kempis de llevar a cabo una auditoría en el FAEDE ejecutado en el ejercicio fiscal 2022 en los 36 municipios.
Cabe mencionar que el Congreso Local instruyó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realizar la auditoría y revisar más cuentas del fondo.
Con relación al acuerdo aprobado por los legisladores, la auditoría deberá determinar si los recursos fueron aplicados conforme a la normatividad que regula su ejercicio; si se concluyeron las acciones financiadas con dichos recursos; así como determinar si los recursos fueron desviados de sus fines y, en su caso, determinar los daños causados a la Hacienda Pública e iniciar los procedimientos por las responsabilidades que resulten; y, por último, si los recursos entregados realmente benefician a la ciudadanía y a los sectores establecidos.
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