Este año el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requerirá una ampliación presupuestal para arrancar con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entró en vigencia y marca que para el primero de abril de 2027 debe estar ejecutado en un cien por ciento en los estados del país.
En este sentido el presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea puntualizó que para su ejecución requerirá 430 millones de pesos divididos en los cuatro años, pero en lo inmediato son 150 millones de pesos los que se ocupan y que deben ser gestionados por los propios tribunales estatales.
➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!
"Tenemos que planear construir un edificio, un terreno para las salas de oralidad familiar, capacitación, nuevo personal, asignación de jueces, se requiere de todo un cambio en el modelo de gestión porque ya los jueces resolverán en las audiencias, como ocurre en el modelo de justicia penal y laboral".
Los cambios agilizarán hasta en un 85 por ciento los tiempos en que resuelvan los expedientes en materia civil y familiar, pues además de que las salas deberán tener las herramientas tecnológicas para armar el expediente electrónico con video, y ya no un expediente en físico.
"Morelos comenzará este año con la implementación de la oralidad familiar en el estado, nosotros mínimo para la capacitación de jueces necesitamos 150 millones de pesos, desaparece los secretarios, los actuarios y todo lo hace el juez por medio de la oralidad, hoy los niños comparecerán ante un juez dando cuenta de lo que está sucediendo, y el juez en ese momento resolverá", añadió Gamboa.
Únete a nuestro canal de YouTube
