Integrantes de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México (NAMME) insisten en que existen elementos para enjuiciar al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, por las marcadas omisiones en materia de seguridad pública durante su administración, mencionó el presidente de la organización, Luis Ignacio Reyes Andraca.
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“Evidentemente (Cuauhtémoc Blanco) es sujeto a que se le realice el juicio político de acuerdo con la Constitución y la ley”, expresó el abogado en entrevista con medios de comunicación.
Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado desechó la solicitud de juicio político recientemente, primero porque se habían pasado los tiempos y posteriormente por falta de elementos para continuar con el procedimiento.
Mencionó que, para presentar esta solicitud, se apegaron al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades en la Constitución Política del Estado de Morelos, en la cual se establece, entre otros puntos, “Cualquier violación a la Constitución Política del Estado, cuando cause daños o perjuicios graves o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, así como “El abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado”, como puntos para solicitar el juicio político en el estado.
“Por la violación gravísima a la Constitución federal, estatal, planes, programas, presupuestos, por el abandono, es decir, por varias causales que se configuran del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades en el estado”, mencionó Reyes Andraca.
De igual forma, exigen la salida del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ante la ola de violencia que vive el estado.
Asimismo, lamentó la determinación de las y los diputados locales por desechar el procedimiento, pero insistió en que la próxima semana volverán a presentarse al Congreso para hacer la solicitud para proceder en contra de Blanco Bravo.
Además de señalar que la crisis política que se vive en el estado es suficiente elemento como para poder proceder nuevamente de esta manera.
“El ejecutivo pactando con la delincuencia, aprovechándose de sus ciudadanos, aprovechándose de las instituciones, el legislativo no cumplió con su trabajo, el judicial acusado de estar pactando con el ejecutivo y además de proteger a delincuentes organizados, la fiscalía autónoma no la dejan trabajar porque la secuestran desde la federación y el estado, la fiscalía anticorrupción sesgada y situada, ¿y la ciudadanía? Eso es la importancia del juicio político”, externó Reyes Andraca.
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