Aún no se sabe cuántas personas serán despedidas de la planta Nissan en Morelos, comentó la secretaria de Economía, Cecilia Rodríguez González, sin embargo, con el fin de evitar que los trabajadores que tienen una especialización por los años trabajados, se les buscará otras alternativas en otras empresas que, afortunadamente, aseveró es la única empresa que ha manifestado hará ajustes.
La funcionaria estatal señaló que ha sido informada por los empresarios de la empresa llantera que serán mil plazas, aunque en Morelos serán menos, porque el número de despedidos incluirá al estado de Aguascalientes donde la armadora tiene tres áreas y un mayor número de empleados, mientras que en Morelos son alrededor de tres mil los obreros.
Informó que los trabajadores, a los cuales la planta armadora automotriz decida darlos de baja, tendrán una posibilidad por parte de la autoridad estatal para "ver como se les apoya en la cuestión de generar algún empleo, y la Secretaría no desatenderá el problema y a todo este personal que salga se les va acompañar en el proceso de verificación, sobre todo que se les liquide conforme a la ley"; negó que haya riesgo de un cierre total de la planta en Morelos.
Luego de hablar con los inversionistas para conocer los motivos, destacó que están muy consternados por el recorte de personal, pero garantizaron que se les respetará sus derechos
se les va atender a estas personas, aún no tenemos el dato de cuantas serían las dependidas, pero les ayudaremos para que comiencen a ver alternativas de nuevos empleos, incluso comenzar como empresarios o proveedores, tenemos comunicación con las empresas para buscar alternativas
Comentó que la información que tiene el Ejecutivo estatal será un despido definitivo, no permisos temporales o descansos; además hizo votos para que esta situación no sea un comportamiento de otras empresas establecidas en el parque industrial de Civac, en Jiutepec.
Confió que puede ser tomado como una señal para otras empresas de que disminuyen los costos y conservar su producción para no generar despidos, pero al mismo tiempo se convierte en una oportunidad de demostrar como desde el Gobierno puede ahora intervenir para apoyar a personas ya calificadas y que continúen con la vida económicamente activa.