Evaluada como muy insatisfactoria en el diagnóstico de Parlamento Abierto, y con diputados que costaron por año alrededor de 13.33 millones de pesos (los décimos más caros del país), la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos concluyó ayer como una de las peor evaluadas en el país, según los indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la opinión de diversas organizaciones, actores políticos y ciudadanos.
En su Informe Legislativo 2018, el IMCO expone que en el estado, igual que en muchos congresos locales, “hay diputados locales que invaden funciones que les corresponden a los gobernadores, hacen uso indebido de recursos públicos, realizan una mala planeación del gasto y asignan de manera discrecional los presupuestos”.
El estudio del IMCO, en el capítulo de Morelos, no incluye cuestiones de personal, profesionalización, entre otras, debido a que “los congresos de Durango y Morelos no respondieron a las solicitudes de información”. La legislación en el estado permite el servicio parlamentario de carrera en el Poder Legislativo, de acuerdo con los datos del IMCO, igual que ocurre en otras 23 entidades; sin embargo, sólo cuatro legislaturas locales lo aplican, y entre ellas no está Morelos.
El Congreso de Morelos recibió 400 millones de pesos en 2018. De esa cantidad, 39 por ciento, es decir, 156 millones de pesos, fueron para servicios personales; 128 millones para servicios generales, es decir, 32 por ciento; se destinaron 80 millones a ayudas sociales (asignaciones que los entes legislativos otorgan a personas e instituciones), 20 por ciento del total; 12 millones a materiales y suministros, y el resto a otros conceptos, de acuerdo con el IMCO. Adicionalmente, el Congreso de Morelos gastó en 2017 11 por ciento más del presupuesto aprobado para ese año, y la tendencia para el que corre no es mejor.
Aunque constituyen 20 por ciento del presupuesto legislativo en Morelos, “las ayudas sociales no forman parte de las funciones de un legislador. No deben dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas y tampoco construir obra pública”, afirma el IMCO.
En el Congreso se trabajó con 33 comisiones legislativas que integraron los 30 diputados que formaron la LIII Legislatura, en la que sólo figuraron seis mujeres. A partir de hoy, el Congreso tendrá sólo 20 diputados, seis hombres, e iniciará una legislatura que se ha planteado como retos, el combate a la corrupción, la reducción del gasto legislativo, eliminar los “moches”, reducir comisiones legislativas, contratos por honorarios y viáticos, y eliminar gastos de seguros médicos, telefonía celular, vales de gasolina y comida, uso de vehículos y contratación de despachos; además se ha considerado la reducción de comisiones legislativas.
El IMCO concluye en términos generales del Informe Legislativo 2018, que los congresos tienen “una mala planeación del gasto. Los diputados locales se asignan un presupuesto cuyo monto original varía significativamente en algunos congresos, lo cual no tiene justificación a menos que ocurra una situación extraordinaria, pues el trabajo parlamentario sigue siendo el mismo en un ejercicio fiscal”.
Además, subraya el IMCO, los diputados invaden funciones del Ejecutivo y usan de forma indebida los recursos públicos. “Los congresos de los estados y de la Ciudad de México ejercen un monto importante de su gasto para ejecutar funciones que no son propias de un legislativo. Estos montos no son menores, en algunos congresos representan casi el 50 por ciento de su gasto (en Morelos, por lo menos 20 por ciento). Mantener esta práctica contribuye a fortalecer el clientelismo político de los legisladores locales”
