En comparación con otras entidades, las violaciones a los derechos humanos en Morelos se han agudizado, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz.
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“Vivimos una crisis agudizada en materia de derechos humanos en nuestro estado; yo he tenido la oportunidad de visitar algunas entidades de la república y me ha sorprendido ver cómo, si bien existe una crisis, en Morelos está agudizada”, refiere el ombudsperson.
Pero, recalca, la situación se vuelve más compleja si desde el Ejecutivo estatal, mediante sus instituciones, se incurre en violaciones a los derechos humanos.
En lo que va de la actual administración encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo la CDHEM ha emitido 278 recomendaciones; de ellas, 141 dirigidas al Ejecutivo Estatal, 13, directamente al mandatario estatal, sin que la mayoría hayan sido atendidas, lo que, a decir del ombudsperson de la entidad, es darle la espalda a sus gobernados.
Tal es el caso de una de las recomendaciones emitidas por la CDHEM, y que fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2021, cuando luego de llegar a un acuerdo con la parte quejosa en la disputa de un predio ubicado en la colonia Flores Magón, de Cuernavaca, al menos cuatro servidores incumplieron con el mandato judicial.
De manera inexplicable, informó Hernández Cruz, el gobierno de Blanco Bravo interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que el organismo defensor de los derechos humanos en Morelos no tenía facultades para intervenir en la disputa judicial.
“Emitimos una recomendación, la cual, el gobierno del estado, fiel a su tradición de darle la espalda a sus ciudadanos, rechazó por un motivo que a nosotros no nos convence, en el sentido de que no teníamos competencia para conocer de un asunto jurisdiccional, cuando no nos metimos al criterio judicial, es decir a las razones de la decisión, sino a la inejecución de algo en donde ellos ya habían llegado a un acuerdo”, señaló Hernández Cruz.
Antes de acudir a la máxima corte del país, el gobierno del estado impugnó ante la CNDH, quien, tras las indagatorias pertinentes, dio a la razón al organismo local y emitió a su vez una recomendación más.
Fue a principios de junio de 2023 que la SCJN rechazó este recurso promovido por el Ejecutivo por una razón: no se pueden impugnar los resolutivos de las comisiones defensoras de derechos humanos estatales.
“El gobierno del estado decide promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desechó por dos motivos, uno porque no tiene la capacidad procesal para demandar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos, porque en todo caso las resoluciones de las comisiones locales de derechos humanos son inimpugnables a través de este mecanismo de controversia constitucional porque no está diseñado para eso”, explicó.
Otra recomendación de la CDHEM que rechazó el gobierno de Blanco Bravo fue a una que se emitió en 2018, luego de que al menos 15 bebés recién nacidos perdieron la vida en el Hospital General José G. Parres, en Cuernavaca, debido a una bacteria, lo que se calificó como negligencia médica.
A partir de ello se emitieron dos recomendaciones por parte de la Comisión. Las resoluciones fueron emitidas a la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV), a cargo de la Secretaría de Gobierno.
A la fecha, siete madres y padres de familia continúan con la demanda para que la dependencia realice la reparación integral del daño. Este caso tiene al menos tres recomendaciones rechazadas por parte de diferentes organismos a cargo del Ejecutivo estatal.
“Lamentablemente lo que está sucediendo aquí es lo que ha estado sucediendo en el estado de Morelos, es indignante la ineptitud, la ignorancia, y la indiferencia de las autoridades”, externó Francisco Javier Hernández Acedo, presidente de la asociación LexPro Humanistas, organización que ha llevado el acompañamiento el caso desde 2018.
La CES, campeón en recomendaciones
La CES es una institución que debe garantizar el derecho a un entorno seguro a la ciudadanía, sin embargo, las quejas en contra de sus elementos y la dependencia son constantes.
La corporación encabezada por el vicealmirante en retiro, José Antonio Ortiz Guarneros, ha recibido 74 recomendaciones, de las cuales, al menos nueve fueron rechazadas, dos calificadas como parcialmente y dos como incumplidas. Tan solo en 2021 la CES recibió más de 18 recomendaciones.
Sin embargo, el número de quejas en contra de servidores públicos es mayor, pues son cerca de 400 las que ha recibido la CDHEM en contra de la CES.
Entre las presuntas violaciones a derechos humanos en que ha incurrido la CES están: violación a la integridad y la seguridad personal, violación al derecho a la fundamentación y motivación, violación al derecho a la libertad (a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad) y violación al uso desproporcionado de la fuerza pública.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos no ha estado exento de estar en la mira de la CDHEM, pues en 2020 la polémica sobre presuntos actos de tortura a un grupo de jóvenes en el albergue de Temixco se hizo más y más grande, toda vez que la CDHEM inició una investigación luego de que tras un motín 13 adolescentes desaparecieron de este lugar, tras ser presuntamente reubicados en centros de adicciones, que, supuestamente podrían funcionar de manera clandestina al no ser regulados por autoridades.
“Todo esto nos habla de que hay una tarea pendiente y de que las autoridades en nuestro estado, particularmente del Poder Ejecutivo no han comprendido que nuestra labor, nuestras recomendaciones no es para confrontar a las autoridades, sino para a través de estos instrumentos vean en qué fallaron en un caso, corrijan, reparen el daño y tomen las acciones necesarias para evitar que se vuelva a incurrir en esto”, expresó Hernández Cruz.
141
recomendaciones ha recibido el gobierno del estado en la administración de Blanco Bravo
Vivimos una crisis agudizada en materia de derechos humanos en nuestro estado
Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsperson
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