La Consejería Jurídica del gobierno del estado de Morelos al entregar el pliego de observaciones hechas al paquete fiscal del año 2023 detectó desaseo en la aprobación del mismo por parte del Poder Legislativo local, situación por la que advirtió buscar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La principal queja del Poder Ejecutivo es hacia la reducción del presupuesto de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), la Coordinación General de Comunicación Social, el aumento hacia algunos municipios y la restricción en el manejo discrecional de más de siete mil millones de pesos.
Durante la entrega del pliego de observaciones hacia el paquete presupuestal el director general de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Alberto de la Torre Vega, admitió su rechazo al aumento de participaciones municipales, así como recortes en secretarías, coordinaciones generales, la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura y recuperar la libre transferencia mayor a las transferencias sin la revisión del Poder Legislativo.
En entrevista, reconoció que evidentemente es un veto al presupuesto aprobado por el Congreso local, basado en presuntas inconsistencias fuera del marco legal sin considerar las propuestas del Ejecutivo estatal.
“Las observaciones son en algunas adecuaciones en cuanto a los montos y asignaciones hacia algunos municipios únicamente, y algunas cuestiones operativas”, destacó.
Mismas que conforme a la jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomazas Merino, en caso de haber omisiones por parte del Poder Legislativo de Morelos buscarán la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La postura del Ejecutivo estatal, aseguró que es impedir un acto de “abuso de poder por parte del Congreso”, porque con su aprobación al presupuesto 2023 “causa conflictos en la economía local”.
La solicitud de amparo ante el máximo tribunal del país, señaló que es preparado desde ahora, para que el mes de enero los ministros de la Corte puedan resolver inmediatamente y evitar conflictos económicos en los tres poderes del gobierno, municipios y organismos descentralizados.
Actualmente, recordó que el sector público estatal trabaja con el paquete fiscal del año 2021 y está desfasado de la realidad económica del país, con problemas para la operatividad de algunas entidades públicas locales.
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