Luego de que el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, informara esta semana sobre la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado (FGE) recurra a medios de impugnación tras la reclasificación del delito de los 15 detenidos de Hueyapan, de secuestro agravado a privación ilegal de la libertad, el concejal electo de la localidad, Pablo Erick Pérez Juárez, confió en que el pacto de paz propuesto al gobierno del estado haga a la autoridad no impugnar la decisión del juez y contribuya a la pronta liberación de los ciudadanos.

“Estamos en la confianza de que no impugnen, ya que con este pacto de paz que presentamos yo creo que se está valorando que no sea así”, expuso el ciudadano electo como concejal vocero en la asamblea del pasado 10 de enero.

En el mensaje ofrecido esta semana a medios de comunicación, Carmona Gándara hizo referencia a un comunicado girado por parte de los pobladores del municipio indígena:

“Recibimos un comunicado de la gente de Hueyapan, donde le están haciendo saber a la FGE que ya hay un acuerdo en vías de solución de la problemática de naturaleza política. Seremos respetuosos de lo que se vaya avanzando en esa población”, dijo el funcionario.

Antes, en cambio, había abordado la posibilidad de impugnar la decisión del juez. “El juez de la causa reclasificó a privación ilegal de la libertad. Nosotros estamos valorando los medios de impugnación para saber si los vamos a proponer dentro del proceso”.

El llamado “pacto por la paz” fue propuesto por los familiares de los 15 ciudadanos detenidos tras el enfrentamiento del pasado 9 de marzo en la ciudad de Cuernavaca, así como por pobladores del municipio indígena y los concejales electos en la asamblea del 10 de enero.

“En Hueyapan se busca la paz y la estabilidad del municipio. Creo que el gobierno del estado y las demás entidades vieron bien esta iniciativa de los familiares, la ciudadanía y de nosotros”, dijo Pablo Erick Pérez.

En la audiencia de vinculación al proceso, el juez de la causa otorgó tres meses para el término de la investigación. Sin embargo, los habitantes esperan que el establecimiento de una mesa de diálogo permanente con las autoridades estatales permita que los ciudadanos detenidos estén en libertad durante el proceso judicial.

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