En un año el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), impuso más de 40 medidas de apremio contra sujetos obligados que incumplieron con la última evaluación. De acuerdo con el comisionado presidente, Marco Antonio Alvear Sánchez, algunas fueron contra sindicatos, partidos políticos y municipios; consideró que al órgano le hacen falta "dientes".
"En años anteriores debido a que las medidas de apremio no se llevaron a cabo de manera cabal, generó que muchos de los sujetos obligados obtuvieron un amparo para protegerse de cualquier sanción, por eso es que terminaron en tribunales y lograron evadir sus obligaciones", dijo Alvear Sánchez.
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Fueron alrededor de 15 los que se ampararon, entre ellos el municipio de Ayala, quien buscó el amparo de la justicia federal, dijo Alvear Sánchez, por ello es que consideró que el Congreso del estado debe trabajar en materia legislativa para que el instituto pueda aplicar sanciones más severas.
Una de ellas es el arresto, como medida de apremio que no puedan evitar para que finalmente cumplan con la Ley de Transparencia, ya que en tanto esto no exista, los sujetos obligados seguirán rehusándose a cumplir con las solicitudes de información.
En materia presupuestal, el IMIPE pedirá que en el presupuesto 2024 se considere una ampliación presupuestal para dar prestaciones básicas a sus trabajadores, quienes actualmente no tienen seguridad social, "es una violación a los derechos humanos", dijo.
De no obtenerlo, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional con el fin de tener un presupuesto suficiente.
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