La zona sur del Estado sigue registrando un incremento en la violencia de género, aseguró la diputada del Partido Humanista, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, quien adelantó presentará desde el Congreso local una iniciativa para erradicar este problema desde el hogar que durante la contingencia sanitaria ha tenido una alza.

De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer cuatrimestre del año, de enero a abril, se iniciaron 68 mil 468 carpetas de investigación por denuncias de violencia familiar, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Al respecto, la legisladora local, refirió que la violencia hacia las mujeres y niñas es un tema que se ha tratado varias veces, siendo una de las mayores preocupaciones actualmente, en especial porque en la zona sur del Estado las denuncias sobre estos casos siguen aumentando.

Indicó que el Centro de Justicia para las Mujeres ha funcionando correctamente; pidiéndole a las mujeres morelenses que si son víctimas no se callen y denuncien.

El Secretariado Ejecutivo del SNSP informó también que a partir del confinamiento por Covid-19, en el primer trimestre del año se registraron 960 asesinatos de mujeres, en promedio 10 por día; y las llamadas al 911 pidiendo auxilio en el hogar 67 mil 081 más de 24 mil en comparación con 2019.

“En la zona sur es un tema que se escucha bastante, en la cuarentena se ha dado mucho que a las mujeres se les ha tratado de una manera no muy apta, desde el Partido Humanista haremos algo al respecto. Es importante que se trate desde casa, sea un tema de educación y prevenir que vamos a hacer”, exclamó Sánchez Ayala.

En el rubro de feminicidios de enero a abril de este año la entidad ocupa el segundo lugar por cada cien mil habitantes, rebasando a Veracruz y Estado de México, lugares con más feminicidios en 2019, mientras que en cifras acumuladas se posiciona en el séptimo lugar.

El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” denunció que la impunidad es lo que alienta los feminicidios en Morelos, ya que las autoridades encargadas de llevar a cabo el juicio no aplican las sanciones establecidas en la ley, pese a que en el Código Penal se marca una pena de hasta 70 años “a la persona que por razones de género, prive de la vida a una mujer”.