Consagrada en la Constitución Política Mexicana desde el 7 de junio de 1951, por el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Velazco, la libertad de expresión actualmente se encuentra acotado, ya no solo por intereses comerciales y políticos, sino también por la amenaza de la delincuencia organizada, que, ante la incapacidad de las autoridades para detenerla, amenaza y asesina a comunicadores de todo el país.
El caso más reciente en la entidad se registró el 8 de mayo, cuando varios reporteros y camarógrafos, al cubrir una manifestación de comerciantes a un costado del Palacio de Gobierno, fueron testigos del asesinato de dos líderes de comerciantes, y así lo registraron en sus notas, fotografías y videos.
En medio del caos, del temor y la psicosis que se vivió en ese momento, ante los disparos que hizo a diestra y siniestra Maximiliano "N", el presunto asesino, al día siguiente aparecieron cartulinas en diferentes partes de la ciudad con amenazas, presumiblemente de la delincuencia organziada, para quienes simplemente informaban de lo sucedido.
A lo largo de los últimos 39 años, en Morelos, por lo menos ocho comunicadores han sido asesinados, y, en la mayoría de los casos, el esclarecimiento de los hechos y castigo para los criminales ha quedado en el olvido.
En este contexto para comunicadores como Carlos O. Morales, la libertad de expresión, hoy más que nunca, está acotada, en riesgo, pues, o bien está sujeta a convenios comerciales y conveniencias con las autoridades y políticos o la delincuencia cada vez hace sentir más su impunidad en la comunidad.
