Quiere el Ejecutivo penalizar la extorsión como delito grave

Luego de que la reunión con los representantes de los tres poderes se canceló, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que será el miércoles cuando retomen los trabajos sobre todo por el interés del Ejecutivo estatal de avanzar en varias iniciativas y reformas al código penal como el de tipificar que la extorsión se convierta en un delito grave y pueda ser sancionado incluso con cárcel.

Aunque no es algo que vaya en aumento, pero sí es necesario que los ciudadanos vean que hay interés de sancionar este tipo de acciones que ahora por falta de sanción no lo denuncia.

Comentó José Manuel Sanz Rivera que la importancia de esa mesa de seguridad entre los tres niveles de Gobierno es que sea con conclusiones para que la gente perciba los acuerdos tomados; "el fin es que por primera vez el delito de extorsión sea considerado en Morelos como un delito con pena de cárcel".

Aunque no es un problema grave o de emergencia en la entidad, Sanz Rivera destacó que "lo que pasa es que no se denuncia por parte de las personas, y no se hace seguramente porque no tiene un castigo importante, entonces no hay denuncias; lo que queremos es solicitar a toda la gente que se sienta extorsionada a que denuncie, pero lógicamente lo podrán hacer cuando sepan de las penas que se aplican en este sentido, queremos apoyar con una ley importante al tema de extorsión". Porque en la actualidad no pasa nada y si hay denuncia al poco tiempo los infractores salen libres de inmediato.

EJECUTIVO NO HA ENTREGADO INICIATIVAS: ZAPOTITLA BECERRO

El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, confirmó que aún el Poder Ejecutivo no les entrega las tres iniciativas de ley para mejorar la seguridad pública.

Sin embargo, manifestó que este martes podrían presentarlas dando paso a su análisis y consenso entre los 20 legisladores, con la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones exclusiva para su aprobación.

Las propuestas hechas por el Poder Ejecutivo desde el 22 de mayo incluyen los temas de videovigilancia, uso de tecnologías para la seguridad pública y la regulación a las empresas de seguridad privada.