A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está analizando la acreditación de la mayoría calificada con 13 votos y no 14, diputados locales integrantes del G-13 garantizan no incidirá ni alcanzará las decisiones que han tomado hasta el momento.
La semana pasada la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 144/2019 que diputadas del Frente Progresista de Mujeres del Congreso de Morelos promovieron en contra del decreto por el que el G-13 modificó la mayoría calificada del Pleno. Uniéndose a la controversia constitucional 354/2019 promovida por el Poder Judicial del Estado, que impugna el mismo precepto reglamentario.
Al respecto, el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, manifestó habría que precisar el alcance de la admisión porque por parte de la autoridad judicial no los obliga a dejar de votar con este número de 13 legisladores; además de que solo representa el hecho de tener que subsanar un procedimiento que lleva bastante tiempo.
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Confirmó que el no concederles alguna medida cautelar, como la suspensión solicitada, no les prohíbe o restringe de seguir tomando determinaciones con dicha cantidad de sufragios aunque, indicó, no va a incidir ni alcanzar las decisiones que están tomando, siendo respetuosos en su oportunidad procesal.
El 27 de noviembre y bajo el argumento de evitar la parálisis legislativa, el Congreso del Estado aprobó incluir al artículo 135 del Reglamento del Congreso de Morelos un párrafo, mediante el cual establecieron como las dos terceras partes del Pleno 13 votos.
Tras esta determinación, el denominado G-13 aprobó diversos nombramientos en los Tribunales del Estado, reconfigurar la integración de las Comisiones Legislativas al interior del mismo Poder, dejando fuera a las siete diputadas ahora impugnantes, así como reintegrando 26 millones de pesos al Poder Judicial para el pago de decretos jubilatorios.
Zapotitla Becerro acentuó que previo a cambiar el reglamento interno efectuaron un estudio avalando no habría consecuencias, por lo cual seguirán sosteniendo las decisiones fundadas con base en la legalidad.
Hemos hecho modificaciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de tal manera que estamos actuando en el marco de la legalidad y en su caso el Tribunal será quien nos diga en que parámetros tendremos que actuar. Hasta el momento no hay ninguna restricción y seguiremos avanzando en las decisiones con 13 votos, subrayó.
A principios de diciembre el Poder Judicial interpuso la controversia constitucional 354/2019 en contra del Poder Legislativo por la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Por su parte, las siete diputadas opositoras al proceso rechazaron tal modificación al artículo 135 del reglamento.
Zapotitla acentuó que previo a cambiar el reglamento interno efectuaron un estudio avalando no habría consecuencias.
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