Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han recurrido al Congreso local para saber con exactitud el presupuesto asignado para la operación del Poder Judicial en este año 2022, frente a la negativa que han encontrado en el magistrado presidente, Rubén Jasso.
“El magistrado presidente sólo nos dice que no hay dinero, pero sabemos que sí hay; él nos dice que el impedimento que tiene es la famosa controversia por la autonomía presupuestal para que pueda ejercer el presupuesto, por estamos aquí”, explicaron los sindicalizados.
Al entrevistarse con el presidente de la mesa directiva Francisco Sánchez Zavala reconocieron que el tema debía dirimirse “en casa”, pero ahí el magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso solo les dice que el presupuesto del Poder Judicial depende de la resolución de la controversia promovida para la defensa de la autonomía presupuestal de ese Poder.
A través de esa controversia, el Poder Judicial pretende defender su autonomía financiera e impugnar el presupuesto que les fue asignado para el ejercicio 2021, que ascendió a 549 millones 34 mil pesos. El reclamo es que la partida asignada no sólo fue insuficiente, sino que no corresponde al 4.7% del “presupuesto programable” estatal, porcentaje establecido en la Constitución local al otorgarle autonomía financiera a este Poder.
En la sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública (CHPyCP) de este jueves el acuerdo aprobado definió en principio que el gasto estatal programable del gobierno de Morelos es 10 mil 852 millones de pesos, por lo que el 4.7 por ciento que corresponde al Poder Judicial equivale a 510 millones 53 mil pesos.
El año pasado, el TSJ recibió alrededor de 730 millones de pesos.
En este contexto, el presidente del Congreso explicó a los trabajadores que “el Poder Ejecutivo tiene la facultad de destinar recursos extraordinarios”, ello de acuerdo a la estipulado en la cláusula de libre transferencia o de reasignación presupuestal, y les planteó que el Poder Judicial “tiene la posibilidad de solicitar al Ejecutivo una ampliación presupuestal”.
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