LA PAZ, BCS.- De julio del 2014 a noviembre del 2017 se han registrado en Baja California Sur al menos 800 ejecuciones, como resultado de la guerra por la plaza de la distribución de drogas que mantienen dos grupos antagónicos, presumiblemente pertenecientes a los cárteles de Tijuana, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
De éstos, 300 fueron asesinados durante el sexenio del exgobernador Marcos Covarrubias y 500 en la actual administración que encabeza Carlos Mendoza; aunque no hay una cuantificación oficial, la mayor parte de los ejecutados contaban con antecedes penales o tenían algún ingreso a la cárcel.
La violencia que inicialmente se originó en la ciudad de La Paz, en pocos meses se extendió a todo el estado, particularmente a Los Cabos, el principal destino turístico de la entidad a donde llegan más de 2.5 millones de visitantes al año, casi todos extranjeros jóvenes en busca de diversión.
La guerra entre estos grupos elevó en poco tiempo su grado de violencia; en los últimos meses han aparecido cuerpos desmembrados con partes humanas en diferentes puntos de la ciudad, y varios menores de edad han resultado muertos durante los ataques de los sicarios, así como mujeres e incluso personas de la tercera edad.
Pese a que han llegando miles de elementos federales, ni la presencia de la Armada de México, del Ejército o de la Gendarmería, han sido suficientes para detener la ola de asesinatos.
No se ha hecho público el registro oficial sobre el número de detenidos, aunque la autoridad ha admitido que no en todos los casos se encuentran en la cárcel debido a las ventajas del nuevo sistema de justicia penal que les permite llevar su juicio en libertad.
Además de la desarticulación de varias células delictivas, entre las detenciones más importantes, destaca la de junio pasado cuando fue aprehendido El Babay, presunto jefe del cártel de Tijuana Nueva Generación en Los Cabos.
Un mes antes, fue detenido en la ciudad de México Dámaso López, El Licenciado líder del Cártel de Sinaloa y a finales de julio su hijo Dámaso López Serrano El Mini Lic se entregó a las autoridades de Estados Unidos.
Los enfrentamientos entre estos grupos escalaron en las últimas semanas y pasaron de ser una guerra entre dos bandos para tocar a servidores públicos; el 19 de noviembre fue asesinado un comandante de la Policía Ministerial y un día después fue abatido a balazos el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho, cuando transitaba en su vehículo por calles de la ciudad de La Paz; en el ataque murió su hijo: su esposa e hija resultaron heridas.
Si hasta antes del asesinato del ombudsman sudcaliforniano prevalecía temor entre la población, este crimen generó una crispación y un miedo generalizado, con duras críticas al gobierno por su incapacidad para detener esta ola de violencia.
Tanto, que la inseguridad fue el tema central en la reciente visita que el presidente, Enrique Peña Nieto, realizó por Baja California Sur con motivo de la celebración del Día de Marina Armada de México; ahí, comprometió el apoyo de las instituciones del estado para recuperar en Baja California Sur la paz y la tranquilidad y anunció que las fuerzas federales continuarán haciendo “todo lo necesario”, para este fin, incluyendo el respaldo para fortalecer a las corporaciones locales de seguridad.
En este mismo evento, el gobernador Carlos Mendoza admitió que la entidad enfrenta “días difíciles” y pidió al presidente Peña Nieto “hoy más que nunca su solidaridad y apoyo”; luego, en entrevista con El Sudcaliforniano hizo un llamado a la sociedad a permanecer unidos; dijo compartir la rabia y la furia de quienes han resultado víctimas de la violencia como el caso del ombudsman sudcaliforniano, pero llamó a orientar estos hacia quienes debe de ser y no en contra de las instituciones, la furia y la rabia la tenemos que encauzar en contra de los violentos, dijo.
Hay también efectos de la violencia en los sectores productivos; en Los Cabos se han registrado hasta el mes de septiembre más de 35 mil cancelaciones de cuartos de hotel y otros prestadores de servicios turísticos como los de avistamiento de ballena gris también han resultado afectados.
