En Morelos la Ley de Identidad de Género sigue pendiente; sin embargo, se ha avanzado en temas fundamentales a favor de la comunidad de la diversidad sexual, eliminando la discriminación y también garantizando que en los ayuntamientos se cuenten con instancias que tengan como prioridad generar programas.
Desde hace cinco años la reforma al Código Familiar y Procesal Familiar del estado que permite a las personas trans puedan ser inscritas en sus documentos personales con el nombre y el género de elección sigue en la “congeladora”, se han tenido grandes avances en materia de derechos humanos de la comunidad LGBT+.
Isidro Añorve Sánchez , co-coordinador del Comité Organizador de la Marcha LGBT+, aseveró que en la agenda LGBT+ existe un “piso mínimo” que es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que desde el sexenio pasado fue aprobada, incluyendo en el Código Penal la tipificación de la discriminación por orientación sexual o preferencia sexual, así como 50 acciones de igualdad concretadas en el Diario Oficial. La norma, explicó, además obliga a los municipios a crear unidades, oficinas o jefaturas administrativas encargadas de llevar los casos de discriminación a través de un proceso no jurisdiccional ni administrativo para que si particulares o servidores públicos cometen un acto de discriminación por género, orientación sexual, condiciones de salud o discapacidad, sean las unidades quienes efectúen actos conciliatorios y sancionen, si fuera el caso, a particulares o servidores públicos.
Esta, afirmó el activista, es una ley de avanzada y basada en estándares internacionales; no obstante, no ha sido cumplido al 100 por ciento, ya que en muchos ayuntamientos no se cuentan con dependencias especializadas en atención a la diversidad sexual.
La tipificación de la discriminación ha tenido resultados, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sancionado denuncias penales relacionadas a este delito.
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