/ lunes 15 de agosto de 2022

Invalida SCJN pasar manejo del agua a los municipios en BC

La queja fue promovida ya que ministros coincidieron que no se pidió la opinión de los ayuntamientos para aprobar la medida que pasaba la operatividad de las comisiones estatales del agua a los municipios

Por mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se emitió la declaratoria de invalidez de la totalidad del decreto 289 el cual pasaba la operatividad de las comisiones estatales del agua a los municipios.

Los ministros coincidieron que hubo violaciones en el proceso legislativo en el Congreso de Baja California, al no pedir la opinión de los ayuntamientos, aunque lo justificaron como tema de obvia y pronta resolución; también ordenaron no difundir el dictamen con tres días de anticipación entre los diputados.

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Con un total de ocho ministros se invalidó el decreto, y solo estuvo el voto en contra de Yasmín Esquivel Mssa, quien argumentó que no era necesario convocar a los ayuntamientos para emitir su punto de vista, porque por mayoría de votos de los diputados, se puede justificar la urgencia.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, reiteró que hubo violaciones en el proceso legislativo y que no se dio intervención de los ayuntamientos en la discusión.

Por ello, se invalidó las diversas reformas a la Ley que reglamenta el servicio de agua potable y al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial de Baja California el pasado 29 de julio de 2021.

Dicha queja fue promovida por el propio congreso de la XIII legislatura mediante una controversia constitucional.

Cabe recordar que desde el pasado 20 de agosto del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había suspendido el proceso, a petición de los síndicos de Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, en tanto se resolvía de fondo y forma los alcances del decreto 289.

Dicho decreto pretendía pasar los recursos, materiales, financieros, administrativos y humanos de las comisiones estatales de servicios públicos a los ayuntamientos, lo cual incluía las deudas, carteras vencidas y créditos pendientes por pagar.

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Uno de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, fue el diputado Juan Manuel Molina, quien comentó en redes sociales, que por detectar inconsistencias de fondo y forma, fue que se unieron 10 legisladores para presentar el documento.

Nota publicada en La Voz de la Frontera

Por mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se emitió la declaratoria de invalidez de la totalidad del decreto 289 el cual pasaba la operatividad de las comisiones estatales del agua a los municipios.

Los ministros coincidieron que hubo violaciones en el proceso legislativo en el Congreso de Baja California, al no pedir la opinión de los ayuntamientos, aunque lo justificaron como tema de obvia y pronta resolución; también ordenaron no difundir el dictamen con tres días de anticipación entre los diputados.

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Con un total de ocho ministros se invalidó el decreto, y solo estuvo el voto en contra de Yasmín Esquivel Mssa, quien argumentó que no era necesario convocar a los ayuntamientos para emitir su punto de vista, porque por mayoría de votos de los diputados, se puede justificar la urgencia.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, reiteró que hubo violaciones en el proceso legislativo y que no se dio intervención de los ayuntamientos en la discusión.

Por ello, se invalidó las diversas reformas a la Ley que reglamenta el servicio de agua potable y al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial de Baja California el pasado 29 de julio de 2021.

Dicha queja fue promovida por el propio congreso de la XIII legislatura mediante una controversia constitucional.

Cabe recordar que desde el pasado 20 de agosto del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había suspendido el proceso, a petición de los síndicos de Tecate, Mexicali y Playas de Rosarito, en tanto se resolvía de fondo y forma los alcances del decreto 289.

Dicho decreto pretendía pasar los recursos, materiales, financieros, administrativos y humanos de las comisiones estatales de servicios públicos a los ayuntamientos, lo cual incluía las deudas, carteras vencidas y créditos pendientes por pagar.

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Uno de los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, fue el diputado Juan Manuel Molina, quien comentó en redes sociales, que por detectar inconsistencias de fondo y forma, fue que se unieron 10 legisladores para presentar el documento.

Nota publicada en La Voz de la Frontera

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