Juan Carlos Valencia Vargas

  / sábado 13 de julio de 2019

La Ley General de Aguas

Recientemente, la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso de la Unión, ha convocado a diversos expertos a participar en mesas de redacción de lo que se pretende sea la Ley General de Aguas. Esta sustituiría a la actual Ley de Aguas Nacionales y daría cumplimiento a lo establecido cuando se reformó el artículo 4º constitucional en el año 2012.

La estructura preliminar que se propuso consta de 13 títulos y 54 capítulos. De acuerdo con la coordinación, se busca que la Ley General de Aguas contemple una visión integral, que incluya desde el cuidado de los ecosistemas, de los cuales depende la generación del agua hasta el acceso al agua de forma equitativa.

Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas de esas mesas; mis propuestas han estado enfocadas a actualizar nuestro marco legal e institucional a través de incorporar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Para estas propuestas he utilizado como fuente principal el Informe de Leo Heller, el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras que encomia a México por haber incorporado a nuestra constitución ese derecho, el Relator Especial señala que la reforma de la Constitución exigía que en un plazo de 360 días se promulgara legislación específica sobre el tema, por lo que después de haber transcurrido más de siete años, es lamentable que todavía no se haya aprobado esa ley y que se hayan frenado los intentos al respecto.

La actual Ley de Aguas Nacionales de 1992 sigue vigente, pero no refleja plenamente el marco de derechos humanos ni las reformas a la Constitución. El Gobierno debe avanzar en estrecha consulta y colaboración con todos los interesados fundamentales, especialmente los grupos de la sociedad civil, para aprobar nuevas leyes acordes con las disposiciones constitucionales. La legislación debe asignar prioridad a los intereses de los ciudadanos, garantizar el contenido normativo del derecho humano al agua y el saneamiento y los principios de derechos humanos, reconocer claramente que el agua para el consumo humano es una prioridad entre los usos del agua y crear condiciones en que puedan hacerse efectivos esos derechos humanos.

El Relator Especial subraya que una ley general revisada sobre el agua y otras disposiciones legislativas pertinentes, constituirían un paso importante para garantizar en la práctica los derechos al agua y el saneamiento, ya que crearían el entorno legislativo adecuado para formular y aplicar políticas y programas concretos y permitirían que las personas y comunidades reclamaran sus derechos en virtud de una ley nacional.

Una nueva ley también contribuiría a asegurar un marco institucional mejorado y fortalecido y un entorno operacional con funciones y responsabilidades claramente definidas para atender mejor las necesidades crecientes del país. Un sólido marco jurídico debe ir acompañado de una política nacional eficiente sobre el agua y el saneamiento, y una planificación exhaustiva y participativa que abra paso a una estrategia de aplicación y medidas concretas.

El Relator Especial observa que el poder legislativo ha examinado varios proyectos de ley, pero le preocupa que existan en la sociedad mexicana criterios muy divergentes sobre la cuestión y que los intentos anteriores de llegar a un consenso no hayan tenido éxito.

Esperamos que en esta ocasión si sea factible.

#aguaparatodos

Recientemente, la Coordinación Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso de la Unión, ha convocado a diversos expertos a participar en mesas de redacción de lo que se pretende sea la Ley General de Aguas. Esta sustituiría a la actual Ley de Aguas Nacionales y daría cumplimiento a lo establecido cuando se reformó el artículo 4º constitucional en el año 2012.

La estructura preliminar que se propuso consta de 13 títulos y 54 capítulos. De acuerdo con la coordinación, se busca que la Ley General de Aguas contemple una visión integral, que incluya desde el cuidado de los ecosistemas, de los cuales depende la generación del agua hasta el acceso al agua de forma equitativa.

Yo he tenido la oportunidad de participar en algunas de esas mesas; mis propuestas han estado enfocadas a actualizar nuestro marco legal e institucional a través de incorporar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Para estas propuestas he utilizado como fuente principal el Informe de Leo Heller, el Relator Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras que encomia a México por haber incorporado a nuestra constitución ese derecho, el Relator Especial señala que la reforma de la Constitución exigía que en un plazo de 360 días se promulgara legislación específica sobre el tema, por lo que después de haber transcurrido más de siete años, es lamentable que todavía no se haya aprobado esa ley y que se hayan frenado los intentos al respecto.

La actual Ley de Aguas Nacionales de 1992 sigue vigente, pero no refleja plenamente el marco de derechos humanos ni las reformas a la Constitución. El Gobierno debe avanzar en estrecha consulta y colaboración con todos los interesados fundamentales, especialmente los grupos de la sociedad civil, para aprobar nuevas leyes acordes con las disposiciones constitucionales. La legislación debe asignar prioridad a los intereses de los ciudadanos, garantizar el contenido normativo del derecho humano al agua y el saneamiento y los principios de derechos humanos, reconocer claramente que el agua para el consumo humano es una prioridad entre los usos del agua y crear condiciones en que puedan hacerse efectivos esos derechos humanos.

El Relator Especial subraya que una ley general revisada sobre el agua y otras disposiciones legislativas pertinentes, constituirían un paso importante para garantizar en la práctica los derechos al agua y el saneamiento, ya que crearían el entorno legislativo adecuado para formular y aplicar políticas y programas concretos y permitirían que las personas y comunidades reclamaran sus derechos en virtud de una ley nacional.

Una nueva ley también contribuiría a asegurar un marco institucional mejorado y fortalecido y un entorno operacional con funciones y responsabilidades claramente definidas para atender mejor las necesidades crecientes del país. Un sólido marco jurídico debe ir acompañado de una política nacional eficiente sobre el agua y el saneamiento, y una planificación exhaustiva y participativa que abra paso a una estrategia de aplicación y medidas concretas.

El Relator Especial observa que el poder legislativo ha examinado varios proyectos de ley, pero le preocupa que existan en la sociedad mexicana criterios muy divergentes sobre la cuestión y que los intentos anteriores de llegar a un consenso no hayan tenido éxito.

Esperamos que en esta ocasión si sea factible.

#aguaparatodos

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