Las enormes sospechas, y las evidencias de corrupción en los gobiernos federal, estatal y municipal y ciudadanos y grupos sociales que la permitieron, alentaron, promovieron, financiaron, y hasta aplaudieron; y la crisis de valores que estas prácticas evidencian; parecerían un fundamento suficiente para aplaudir la intención moralina que tiene el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con su propuesta de una Constitución Moral.
La moral en el gobierno de la República está en cuestión desde siempre. La pertenencia a la élite política y la brecha enorme que se han esforzado en mantener con los ciudadanos, constituyen una suerte de patente de impunidad siempre que los actos de corrupción no sean tan evidentes, “que te acusen de corrupto, no de tarugo”, pareciera la conseja de los políticos mexicanos (la reciente investigación del INE sobre campañas negativas en que se demuestra que hubo pagos superiores a los 30 mil dólares para demeritar algunos candidatos, pero no se ubica un sujeto a quién sancionar podría ejemplificar esta recomendación de la fauna política). Es decir, el racimo de problemas asociados con la inmoralidad están a la vista, pero la forma en que se pretenden atacar no lo parece así.
Porque ningún Estado debe abrogarse la regulación de los valores morales de la sociedad, el proponer una constitución moral es por sí mismo un abuso. Pero aún más riesgoso cuando se pretende diseñar ese ordenamiento en tiempos de la imbecilidad dominante del moralismo de los socialistas de Starbucks, del nacionalismo futbolero, de los revolucionarios de Twitter, de las pretensiones hobbesianas que pretenden hacer llevado al triunfo a López Obrador.
El Estado no puede tutelar la moral, en todo caso, debe aplicar las leyes que operan en la esfera civil y que garantizan la permanencia de las libertades ciudadanas y con ello la búsqueda personal de la felicidad. La esfera íntima, personal, particular, o como el lector guste llamarle, de los ciudadanos, queda fuera del espacio del Estado, por mucho que sea la discusión fundamental en la redes sociales que tanto siguen los fanáticos de izquierdas y derechas por igual.
Hace falta una mayor profundidad en qué es y lo que pretende el documento al que López Obrador llama Constitución Moral. Probablemente, y así tendría que ser de acuerdo con la elemental lógica, se tratará de un conjunto de códigos de ética para el ejercicio público, una de las herramientas de urgente aplicación para combatir la corrupción en el servicio público que fue tema central de su campara por la presidencia. Pero parece un exceso discursivo de López Obrador el plantear el documento como un medio para buscar el bienestar del alma y fortalecer los valores.
Y no se trata de quiénes lo vayan a diseñar, redactar o aprobar, distraerse en eso es absurdo. El asunto es de exceso, el gobierno de López Obrador cometería un exceso grave al tratar de regular la moral de los ciudadanos. Si lo que se busca como utilidad social del ordenamiento de marras es abatir la corrupción, tendría que pensarse en la aplicación puntual de la ley y en todo caso, el fortalecimiento de las fiscalías autónomas creadas para ese efecto.
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