El Poder Judicial de la Federación cuenta este año con una partida por 844 millones de pesos, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados que han sido amenazados, o su vida corre algún riesgo. Las voces más importantes de la judicatura se han expresado en contra del intento de asesinato del juez federal Gabriel Domínguez Barrios, quien fue atacado a tiros a principio de este año en Jiutepec (Morelos) cuando estaba en un establecimiento comercial en compañía de su hijo de 17 años. El magistrado y su hijo recibieron varios disparos, donde afortunadamente ambos llegaron con vida a un hospital cercano. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, expresó su más “enérgica condena” por el “ataque” y exigió a las autoridades “una investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables”. Por su parte, la senadora y exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero repudió también el ataque y señaló que es “indispensable que se investiguen y se deslinden las responsabilidades correspondientes”. Este no es el primer atentado contra el juez federal Domínguez Barrios, ya que hace dos años 2019 recibió dos disparos de arma de fuego cuando ejercía como juez noveno de distrito en Iguala, Guerrero. En aquella ocasión atentaron en su contra cuando se encontraba afuera de su domicilio en Cuernavaca. También en aquel entonces se manejó la teoría del asalto como principal línea de investigación, aunque las autoridades no dieron más detalles. En aquel intento de asesinato el juez había sido interceptado por varios hombres armados cuando llegaba a su domicilio. Como consecuencia de las heridas de bala pasó un tiempo ingresado y posteriormente regresó a su puesto. Cuando fue atacado la primera vez, el juez Domínguez Barrios llevaba casi un año destinado en Iguala y en sus manos había una denuncia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde su puesto había exigido al presidente de la República, y a la entonces Procuraduría General de la República, que se informara detalladamente de la investigación. En esta ocasión, según algunos medios locales dos de los detenidos habían intentado despojarle al juez de su vehículo y otras pertenencias. Él y su hijo habían acudido a la estética a bordo de una camioneta marca GMC, color blanco, y cuando se encontraban en la calle fueron agredidos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo esta semana que el ataque de la semana pasada contra el juez federal Gabriel Domínguez Barrios se trató de un intento de asalto y no de un atentado por su trabajo. Durante su primera conferencia de prensa del 2022, el ministro presidente de la SCJN dijo que en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se analiza ya la situación de riesgo que tiene cada uno de los jueces federales. “Tenemos juzgadoras y juzgadores que todos los días arriesgan su vida y su integridad defendiendo los derechos de los mexicanos. Que obviamente el crimen organizado se ha vuelto más violento y más retador, pero estamos tratando de dar la seguridad en la medida de nuestras posibilidades, de la mejor forma que sea posible. Estamos también tratando de hacerlo teniendo información de qué jueces pueden estar en riesgo especial. A raíz de este lamentable hecho y de otros que han sucedido en el pasado han surgido varios planteamientos sobre medidas que serían necesarias para garantizar la seguridad –y por lo tanto la independencia– de quienes laboran en el Poder Judicial. Además de evaluar otras opciones, sería un buen momento para repensar cómo se puede evitar que el Poder Judicial, al menos el de la Federación, quede completamente infiltrado por el crimen organizado (que es lo que los criminales buscan, a fin de cuentas, cuando sobornan, amenazan o matan a un juez). Los controles de confianza han demostrado ser una pésima idea en el caso de los policías. Una de las razones del fracaso es que el volumen de las pruebas que se deben realizar es tan grande, que ha resultado imposible realizarlas con el grado de rigor y detalle que sería necesario. En lugar de la investigación pausada del contexto familiar y de la situación económica de cada elemento (que es lo que hacen las corporaciones serias de otras partes del mundo), en México los controles de confianza consisten primordialmente en una revisión de documentos y en una temida sesión con el detector de mentiras. Sin embargo, los Poderes Judiciales de los estados y de la Federación podrían instrumentar un esquema de certificación justo y riguroso. Uno que no dependiera de un poligrafista que decide discrecionalmente qué pregunta y cómo lo pregunta, sino de una investigación confidencial y a conciencia de las relaciones personales, los ingresos y los gastos de cada funcionario. Lo anterior tendría una doble ventaja. Por un lado, los jueces tendrían mayor certeza respecto a sus colegas. Ahí donde todos son vigilados, todos son, en principio, confiables. “Cuando a veces hay expresiones tan desfavorables para los jueces, habría que pensar en estos juzgadores que con vocación de servicio, literalmente se la juegan todos los días”, dijo Zaldívar.
El Poder Judicial de la Federación cuenta este año con una partida por 844 millones de pesos, a fin de garantizar la seguridad de jueces y magistrados que han sido amenazados, o su vida corre algún riesgo. Las voces más importantes de la judicatura se han expresado en contra del intento de asesinato del juez federal Gabriel Domínguez Barrios, quien fue atacado a tiros a principio de este año en Jiutepec (Morelos) cuando estaba en un establecimiento comercial en compañía de su hijo de 17 años. El magistrado y su hijo recibieron varios disparos, donde afortunadamente ambos llegaron con vida a un hospital cercano. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, expresó su más “enérgica condena” por el “ataque” y exigió a las autoridades “una investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables”. Por su parte, la senadora y exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero repudió también el ataque y señaló que es “indispensable que se investiguen y se deslinden las responsabilidades correspondientes”. Este no es el primer atentado contra el juez federal Domínguez Barrios, ya que hace dos años 2019 recibió dos disparos de arma de fuego cuando ejercía como juez noveno de distrito en Iguala, Guerrero. En aquella ocasión atentaron en su contra cuando se encontraba afuera de su domicilio en Cuernavaca. También en aquel entonces se manejó la teoría del asalto como principal línea de investigación, aunque las autoridades no dieron más detalles. En aquel intento de asesinato el juez había sido interceptado por varios hombres armados cuando llegaba a su domicilio. Como consecuencia de las heridas de bala pasó un tiempo ingresado y posteriormente regresó a su puesto. Cuando fue atacado la primera vez, el juez Domínguez Barrios llevaba casi un año destinado en Iguala y en sus manos había una denuncia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde su puesto había exigido al presidente de la República, y a la entonces Procuraduría General de la República, que se informara detalladamente de la investigación. En esta ocasión, según algunos medios locales dos de los detenidos habían intentado despojarle al juez de su vehículo y otras pertenencias. Él y su hijo habían acudido a la estética a bordo de una camioneta marca GMC, color blanco, y cuando se encontraban en la calle fueron agredidos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo esta semana que el ataque de la semana pasada contra el juez federal Gabriel Domínguez Barrios se trató de un intento de asalto y no de un atentado por su trabajo. Durante su primera conferencia de prensa del 2022, el ministro presidente de la SCJN dijo que en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se analiza ya la situación de riesgo que tiene cada uno de los jueces federales. “Tenemos juzgadoras y juzgadores que todos los días arriesgan su vida y su integridad defendiendo los derechos de los mexicanos. Que obviamente el crimen organizado se ha vuelto más violento y más retador, pero estamos tratando de dar la seguridad en la medida de nuestras posibilidades, de la mejor forma que sea posible. Estamos también tratando de hacerlo teniendo información de qué jueces pueden estar en riesgo especial. A raíz de este lamentable hecho y de otros que han sucedido en el pasado han surgido varios planteamientos sobre medidas que serían necesarias para garantizar la seguridad –y por lo tanto la independencia– de quienes laboran en el Poder Judicial. Además de evaluar otras opciones, sería un buen momento para repensar cómo se puede evitar que el Poder Judicial, al menos el de la Federación, quede completamente infiltrado por el crimen organizado (que es lo que los criminales buscan, a fin de cuentas, cuando sobornan, amenazan o matan a un juez). Los controles de confianza han demostrado ser una pésima idea en el caso de los policías. Una de las razones del fracaso es que el volumen de las pruebas que se deben realizar es tan grande, que ha resultado imposible realizarlas con el grado de rigor y detalle que sería necesario. En lugar de la investigación pausada del contexto familiar y de la situación económica de cada elemento (que es lo que hacen las corporaciones serias de otras partes del mundo), en México los controles de confianza consisten primordialmente en una revisión de documentos y en una temida sesión con el detector de mentiras. Sin embargo, los Poderes Judiciales de los estados y de la Federación podrían instrumentar un esquema de certificación justo y riguroso. Uno que no dependiera de un poligrafista que decide discrecionalmente qué pregunta y cómo lo pregunta, sino de una investigación confidencial y a conciencia de las relaciones personales, los ingresos y los gastos de cada funcionario. Lo anterior tendría una doble ventaja. Por un lado, los jueces tendrían mayor certeza respecto a sus colegas. Ahí donde todos son vigilados, todos son, en principio, confiables. “Cuando a veces hay expresiones tan desfavorables para los jueces, habría que pensar en estos juzgadores que con vocación de servicio, literalmente se la juegan todos los días”, dijo Zaldívar.
