Reducir el gasto y fortalecer los ingresos propios son condiciones necesarias, urgentes, obvias para consolidar el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ninguna de las partes es fácil si se considera que una gran parte del gasto universitario corresponde a la nómina de docentes y administrativos y mucha de ella deriva de obligaciones contractuales; y tampoco si se recuerda que casi la totalidad de los ingresos propios de la UAEM corresponden a cuotas por servicios prestados, incluidas colegiaturas y servicios escolares, cuyo incremento tendría implicaciones políticas graves, sobre todo si se considera que los gobiernos federal y estatal se han dicho comprometidos con los jóvenes, con el desarrollo de la educación, y hasta han anunciado cuantas veces se ha podido, la instalación de cuatro nuevas universidades públicas en Morelos, una de ellas dedicada a los deportes porque al gobernador le gustan mucho, según dice Hugo Eric Flores Cervantes.
Cada tarea significan enfrentar a alguien contra quienes las universidades no se han querido meter nunca. La primera significa pisar los callos a los sindicatos universitarios; y la segunda decirle a la sociedad que su universidad esa a la que aspira vayan sus hijos para transformar sus vidas, ahora les resultará más cara, menos accesible, lo que podría marginar a muchos del beneficio de la educación superior. Dirán algunos que no hay tanto problema porque por eso habrá las becas a los jóvenes y que con eso podrían pagar una cuota un poco más alta en las universidades; pero sabrán también que eso es un argumento falaz, en tanto el soporte para las becas era solucionar la falta de recursos personales de los jóvenes permitiéndoles estudiar. En términos más prácticos uno propondría, y si en vez de darles el gobierno dinero para pagar la universidad o lo que sea, se lo entregara directamente a las universidades ¿no se estaría eliminando al intermediario? Pero el problema no es sólo ese; de hecho, si los ingreos propios crecieran, las universidades públicas los seguirían absorbiendo pues las instituciones autónomas de educación superior se van convirtiendo en barriles sin fondo; si ingresan 20 pesos se gastan 200 y así.
Además, habría que recuperar la ineludible realidad de que el incremento en el grado escolar promedio de los morelenses (y en general de los mexicanos), no ha correspondido en los últimos 20 años al crecimiento económico. En efecto, mientras aumentaron exponencialmente el número de licenciados, médicos, ingenieros, y otras profesiones, el crecimiento económico del estado se ha mantenido en niveles apenas al ritmo del crecimiento poblacional o de la inflación (casi nunca de las dos) desde 1997. En un símil podríamos referir al doctorante que sigue viviendo en casa de sus padres porque no puede dejar su trabajo vendiendo hamburguesas en una franquicia.
El problema real es ése, y pueden revisarse las veces que quieran los contratos colectivos de las universidades, aumentarse los ingresos propios, respetarse los montos presupuestales para la educación superior, pero ninguna de esas medidas será suficiente en tanto las universidades sean incapaces de producir egresados que sean capaces de hacer crecer la economía del estado; y en tanto esos egresados sean incapaces de generar fuentes de empleo formal propias y adicionales a las suyas, de forma que la recaudación de impuestos y la actividad económica en el estado se dinamicen y puedan pagar lo que ahora se considera lujos, como comer tres veces al día. Y ese cambio debe operarse dentro de cada universitario.
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