Al mismo tiempo que enfrentamos los impactos devastadores de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, como en todas las regiones del mundo, urge hacer frente a otra pandemia que no puede quedar en la sombra: la violencia contra las mujeres y niñas.
Esta violación de derechos humanos afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida y, tan solo en el 2019, resultó en al menos 3,800 víctimas de feminicidios. Aunque estas cifras parecen muy altas, se estima que la magnitud real del fenómeno está subestimada y que la emergencia sanitaria lo está́ agravando aún más.
El 6 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la violencia en general y la violencia contra las mujeres aumentará durante la pandemia de COVID-19. El argumento que utilizó es que el número de denuncias no ha incrementado durante la contingencia sanitaria, aunque recalcó que pudiera haber una cifra negra.
Sin embargo, utilizar solo el número de denuncias como un indicador sobre el decremento o incremento de la violencia que sufren las mujeres en México durante la Jornada de Sana Distancia es una visión limitada. De hecho, tanto la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como varias organizaciones de la sociedad civil han señalado un incremento considerable en el número de llamadas sobre violencia contra mujeres y violencia intrafamiliar que se atienden durante la Jornada de Sana Distancia.
Definitivamente, la pandemia del COVID-19 ha generado impactos importantes en la economía, la salud, la organización social, entre otros. Así que uno podría esperar efectos igual de importantes en problemas como la violencia contra las mujeres, infantil e intrafamiliar. Los expertos prevén que, si el confinamiento continúa, en los próximos seis meses se producirán 31 millones de casos de violencia doméstica en el mundo.
El encierro por varias semanas en decenas de países del mundo ha exacerbado las tensiones dentro de las familias, particularmente en medios socioeconómicos de bajos recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o empleos, o el temor a perderlos.
La Agencia de Salud Sexual y Reproductiva de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que si el confinamiento continúa, en los próximos seis meses se producirán otros 31 millones de casos de violencia doméstica en el mundo.
Las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, tales como la cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social, y las restricciones de movilidad, exacerbarán la violencia contra las mujeres y niñas que ocurre en los hogares porque las víctimas/sobrevivientes se encuentran encerradas con sus perpetradores con oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda. Las medidas preventivas de aislamiento o confinamiento podrían reforzar el aislamiento de las víctimas de violencia al interior de los hogares por parte de los perpetradores. En los hogares donde hay niñas, niños y adolescentes el aumento en la violencia contra las mujeres tendrá impactos negativos también en ellas y ellos en términos de violencia, estrés postraumático, depresión, ansiedad e impactos de largo plazo en su desarrollo.
Para los perpetradores, perder el trabajo, la inestabilidad económica y el estrés son todos hechos que pueden generar una sensación de pérdida de poder. Esto puede elevar la frecuencia y la severidad de la violencia doméstica, así como comportamientos nocivos y abusivos reflejándose en un posible incremento del acoso sexual en línea o en las calles cuando salen. La crisis está generando barreras adicionales para las víctimas/sobrevivientes en acceder a servicios esenciales que pueden salvar vidas. Estas barreras están relacionadas con la restricción de movilidad y el aislamiento social, o con el hecho de que las instituciones de salud, policía y de justicia están sobrecargadas y están enfocando sus operaciones en la respuesta al COVID-19. Los servicios brindados por las organizaciones de sociedad civil también enfrentan dificultades para brindar servicios por las mismas restricciones. En algunos países las denuncias de violencia contra las mujeres han bajado. Esto no implica que la violencia haya bajado. Esto es una consecuencia de que las mujeres no pueden salir de sus hogares o hacer llamadas porque están en contacto constante con el agresor y sus redes de apoyo son más limitadas por las medidas de cuarentena. A este aislamiento de hecho, se suma el miedo al contagio del COVID-19 al salir a buscar ayuda fuera del entorno familiar, que sería en este sentido un freno para pedir ayuda. El impacto económico de la pandemia, la pérdida de medios de vida, ingresos o de trabajo afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el sector informal y puede generar barreras adicionales para alejarse del perpetrador y denunciarlo debido a la dependencia y/o extorsión económica. La evidencia sugiere que la pérdida de autonomía económica tiende a demorar las estrategias de salida de las situaciones de violencia de género. La incertidumbre sobre la economía en el mediano y largo plazo estaría de forma indirecta aumentando el poder de opresión de los perpetradores. En tiempos de crisis, la explotación sexual y matrimonios forzados suelen incrementarse debido a la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de las familias. Debido a la cuarentena, las mujeres no solo están a merced de sus torturadores las 24 horas, sino que también les faltan lugares de refugio y el apoyo de personas de confianza como colegas o las madres de los compañeros.
Los datos son devastadores, solo el 16% de los Poderes Judiciales del País siguen trabajando y el 84% suspendió actividades; Sólo en 7 de 32 siguen funcionando las órdenes de protección en favor de las mujeres; 22 no cuentan con personal de guardia para proteger a mujeres en procesos judiciales como divorcios y pensiones; 19 no contemplan audiencias para dar medidas de protección como seguimiento a denuncias penales; 10 no comunicaron cómo asegurarán la pensión alimenticia; 15 suspendieron las actividades en los centros de convivencia familiar supervisada sin proporcionar alternativas; Sólo 9 implementaron medidas para que quienes tienen a su cuidado hijos o hijas no asistan a trabajar o tengan esquemas flexibles.
De manera urgente se requieren de recursos financieros en respuesta a la emergencia de mujeres y niñas; Operación de refugios por parte de organizaciones de la sociedad civil; Garantizar recursos económicos ante pérdida del empleo; Garantizar una vida digna durante la contingencia; entre otras muchas medidas urgentes para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres en tiempos no solo de COVID-19, sino en lo que será nuestra nueva normalidad, por lo pronto me despido y les digo; “nos veremos pronto y prometo que será mejor que cualquier otro momento del mundo”.
