La Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó al Ejecutivo morelense la suspensión de los efectos del decreto 1324 emitido por el Congreso del estado, en que se ofrece certeza a los titulares de los órganos autónomos, incluida la Fiscalía General del Estado de Morelos. Con esa determinación, las consecuencias de la reforma aprobada el seis de septiembre que permiten al fiscal, Uriel Carmona, mantenerse en el cargo pese a la ausencia por más de 50 días derivada de su encarcelamiento bajo el principio de prisión preventiva justificada, se mantienen hasta que los ministros resuelvan la controversia constitucional que sobre la misma reforma interpuso la Consejería Jurídica del gobierno de Morelos.
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El Poder Ejecutivo de Morelos interpuso una controversia constitucional contra el decreto 1324 mediante el que el Congreso buscó dar certeza a las ausencias de titulares de órganos autónomos del estado de Morelos, una deficiencia legal que quedó manifiesta con el encarcelamiento y posterior liberación del fiscal general del estado. En la reforma se establece que las ausencias de los titulares de los órganos autónomos se considerarán definitivas sólo en los casos de conclusión del período para el que fueron designados, muerte o interdicción declarada por sentencia firme de autoridad jurisdiccional competente, renuncia del titular ante el Congreso del Estado, y por determinación firme e inatacable del Congreso del estado o el Tribunal Superior de Justicia en los supuestos que prevén la Constitución federal, la estatal, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos o la norma que la sustituya, previo cumplimiento de la garantía de audiencia concedida a su favor.
La reforma, aprobada el seis de septiembre pasado, cuando el fiscal llevaba poco de más de un mes recluido, ha sido interpretada por el Ejecutivo como una búsqueda de los diputados para proteger al fiscal general de su remoción, solicitada por el Ejecutivo dada la ausencia por más de treinta días en su labor. Aunque los efectos de la misma alcanzan a todos los órganos autónomos, entre ellos, Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
El cinco de octubre pasado, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, mandó al Congreso la solicitud para remover al fiscal, justo cuando éste comparecía ante los diputados para rendir su informe mensual. Los legisladores recibieron la solicitud a trámite, pero dada la reforma del 6 de septiembre, el documento quedaría sin efectos en tanto no se cumple ninguno de los supuestos que considerarían una ausencia definitiva. Frente a ello, el Ejecutivo presentó la controversia constitucional que busca anular la reforma, y añadió la petición de una suspensión, que habría obligado al Congreso a dar trámite a la petición de remoción del fiscal.
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El Ejecutivo de Morelos solicitó “se conceda de manera urgente la suspensión en la presente controversia constitucional… con base en el principio de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora”. Con el que buscaba que la Corte anulara los efectos de la reforma y con ello proceder contra el fiscal. Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz consideró que la norma combatida es “de carácter abstracta, general e impersonal, por lo que, en el caso, se actualiza la prohibición expresa establecida en… la Ley Reglamentaria en la materia”.
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