El pasado 10 de diciembre se conmemoró el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un documento histórico adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El mundo rememoró el compromiso de la lucha global por la dignidad y la justicia. Su influencia es evidente en la formación de Tratados Internacionales, Constituciones Nacionales y en la creación de numerosas organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
Su análisis histórico, fue una respuesta directa a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Su realización significó una responsabilidad colectiva sin precedentes hacia la protección de los Derechos Humanos Fundamentales. En sus 30 artículos, ofrece un extenso extenso de derechos y libertades, abarcando desde el derecho inalienable a la vida y la libertad hasta el acceso a la educación, el trabajo digno, y la igualdad ante la ley.
Esta Carta Magna se consolida sobre la premisa de la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, u otras condiciones; enfatizando así los ideales de igualdad, libertad y justicia como pilares necesarios para el desarrollo y prosperidad de cualquier sociedad.
Sin embargo, su conmemoración se produce en un contexto de retos significativos a nivel global. Nos enfrentamos a conflictos armados, extrema pobreza, desigualdades persistentes, crisis climáticas y un debilitamiento del multilateralismo. En México, la situación no es diferente. Tenemos desafíos como las desapariciones forzadas, la violencia generalizada, una crisis migratoria y un sistema de justicia que clama por reformas exhaustivas.
Las actuales circunstancias, tanto a nivel global cuanto nacional, plantean serias interrogantes acerca del cumplimiento efectivo de las promesas asumidas por las naciones signatarias. Emerge una incógnita ineludible sobre la autenticidad y firmeza de los acuerdos. Esta coyuntura, marcada por su complejidad y urgencia, nos convoca a una reflexión más profunda y a una acción revitalizada. Este escenario nos convoca a repensar y a redefinir nuestras estrategias, para que se traduzcan en realidades tangibles y beneficiosas para toda la humanidad.
Este aniversario debe ser una oportunidad para impulsar su cumplimiento fortalecido. Es menester evitar soluciones superficiales y enfocarse en abordar las causas de fondo de las crisis actuales. El proceso histórico de su creación nos enseña que no están garantizados de forma permanente y requieren una lucha constante para su vigencia. Deben perdurar en el centro del debate político y no relegarse a un segundo plan en la agenda pública.
Es de recordar que la historia humana está repleta de ejemplos donde incluso desde las ruinas más desoladoras, ha surgido una nueva luz de esperanza y cambio. El Preámbulo de la Declaración nos recuerda poderosamente que este documento debe ser considerado como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
