El pasado 30 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (PNH). Este es el documento rector de la política hídrica para esta administración, en el se hace un diagnóstico de la situación actual del sector y se plantean las estrategias a seguir para enfrentar los retos.
Esta semana me referiré al diagnóstico que se hace en el PNH para el subsector agua potable y saneamiento.
De acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, en el PNH se reconoce que muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación y dispendio.
En el país existen aproximadamente 2,200 prestadores de servicios, de los cuales cerca de 1,500 son centralizados, es decir, es un área de la estructura municipal la que presta el servicio directamente, los otros 700 prestadores de servicios son los que pueden considerarse como Organismos Operadores de Agua, por su grado de autonomía financiera y de gestión, aproximadamente el 88% de estos son organismos públicos descentralizados municipales, 8.5% son paraestatales (organismos públicos descentralizados del gobierno estatal) y el resto se trata de concesionarios privados, órganos desconcentrados de los estados o municipios, empresas público-privadas u operadores federales (como FONATUR).
Adicionalmente a los prestadores de servicios municipales, se estima que existen más de 28 mil Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) que brindan servicios a más de 7 millones de personas en las zonas rurales a nivel nacional; a pesar de su número e importancia, no se cuenta con información suficiente para valorar sus contribuciones. Desde luego eso implica que tampoco reciben apoyos o supervisión en la tarea que desarrollan, en el servicio que prestan o en la calidad del agua que reciben y que distribuyen.
En el PNH se reconoce que los retos que enfrentan los prestadores de los servicios son múltiples y complejos, sus recursos financieros en general son insuficientes para operar óptimamente, la mayoría de ellos tienen problemas en la recaudación y bajas tarifas del servicio, no cuentan con personal capacitado y muestran una alta rotación del personal directivo. Lo anterior se traduce en servicios de agua y saneamiento de mala calidad, con consecuencias para la salud de las personas, especialmente la de niñas y niños.
Los estados de Guerrero y Chiapas registran la mayor mortalidad infantil por enfermedades diarréicas agudas; se calcula que el 48% de las muertes por dicha causa son evitables con medidas de higiene, acceso al agua potable y a instalaciones mejoradas de saneamiento.
Los servicios de agua y saneamiento adecuados permiten la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población menor de cinco años, la disminución de enfermedades de transmisión por agua (hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras causantes de diarrea) así como de afecciones por el consumo de químicos peligrosos disueltos en el agua como arsénico, nitratos o flúor. Por eso es urgente trabajar en la mejora de estos servicios.
El PNH refiere que los avances aún son insuficientes ante el nivel de complejidad de los problemas de salud relacionados con el agua, los cuales además se verán incrementados por los impactos del cambio climático. Agua y saneamiento son derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. El impacto que tienen en la salud de la población es muy alto. Eso exige políticas públicas adecuadas.
