El recuerdo de Emiliano Zapata, para muchos, debiera ser un espacio definitivo para la unidad de todos los grupos políticos en torno al ideal de justicia en el campo, pero también en los núcleos urbanos. El rostro del general revolucionario evoca especialmente el de la búsqueda de lo justo y en ello podría coincidir la mayoría.
El problema es que la justicia parece tener un significado más bien ideológico, igual que la mayoría de las abstracciones, lo que vuelve difícil la definición del término y da lugar a usos que conllevan profundas inequidades; aunque ese tendría que ser un asunto más filosófico o lingüístico que social o político.
Zapata llega a su centenario en una época triste en que la unidad parece un componente inalcanzable y la justicia se percibe igual o más lejana que en tiempos de la revolución (conste que hablamos de percepción y si bien es cierto que el México posrevolucionario construyó muchas instituciones sólidas que buscan una sociedad más justa, también lo es que en la percepción elemental de los ciudadanos, la justicia social luce aún muy lejana).
La cantidad de celebraciones alternas a la oficial (una mala apropiación del zapatismo, por cierto), son evidencia de las múltiples fracturas dentro del culto a Zapata y de la evidente serie de pendientes en materia política y social del Estado Mexicano.
Atribuir a Andrés Manuel López Obrador o a Cuauhtémoc Blanco la ruptura en las conmemoraciones del centenario del asesinato del caudillo es, por lo menos, inexacto; ambos han tenido que enfrentar el desgaste que acarrea el ejercicio de gobierno que, en ocasiones, significa imponer la ley sobre pequeños grupos (qué se hace con las minorías es uno de los problemas fundamentales de cualquier democracia), la distancia entre el ideal revolucionario y el ejercicio de gobierno es natural y a veces se amplía mucho más de lo que alguien desearía.
Si Zapata es en México el héroe revolucionario por excelencia, sus seguidores hacen bien en mantener la crítica perpetua al gobierno que podría escucharlos e incluir parte de sus planteamientos, que no serán cumplidos del todo nunca (porque la dinámica propia de la sociedad genera fricciones, injusticias, inequidades). Si resulta sano que las partes gobierno y sus sistemáticos opositores rompan el diálogo o las formas de la política es cuestión más del estilo de gobierno que de la dinámica de ejercicio de gobierno y crítica, Al final cada gobierno enfrenta las consecuencias de su forma de hacer política.
Mucho más que la disciplina protocolaria que implicaría un acto en medio de “críticas” absolutamente controladas; la ruptura podría traer algo bueno al centenario hasta convertirlo en un punto de transformación política real en el país y el estado. El discurso de la oposición al gobierno federal y al estatal, que no han podido ser enarbolados legítimamente por el Congreso del Estado ni por los Ayuntamientos o los partidos políticos, debe escucharse y si hoy toca a los grupos asociados al zapatismo (que antes convergían con la corriente ideológica que hoy es gobierno) ofrecer argumentos que puedan matizar el daño real o sentido que las acciones del gobierno federal o el estatal provocan a algunos sectores, sean ellos bienvenidos. Faltarán sólo dos condiciones, primero, que los argumentos presentados durante la jornada zapatista de hoy sean válidos en el marco de referencia en que se pronuncien, y en segundo término, que alguien con poder sea capaz de escucharlos. Si el único reclamo será la termoeléctrica de Huexca, la oportunidad enorme que brinda el centenario para lograr sonoridad en las demandas por justicia será desaprovechada.
