El llamado de la Iglesia a denunciar la corrupción que, por el momento sólo como una gravísima percepción, prevalece en el estado de Morelos tiene una base mucho más allá de la coyuntura planteada por el recién presentado barómetro de la corrupción en América Latina de la prestigiada organización, Transparencia Internacional. El documento establece, entre otras cosas, que en México el 44% de la población considera que la corrupción ha aumentado, que el 20% de los encuestados pagó un soborno para obtener servicios públicos en el último año; que al 50% se le ofrecieron servicios públicos a cambio de votos, y que el 34% fueron víctimas de extorsión sexual o conocen a alguien que lo fue.
El 78% de los mexicanos considera que la corrupción sigue igual o empeoró en los últimos doce meses, en comparación con el 88% que tenía esa percepción en el estudio de 2017. Es decir, si bien se considera que el problema de la corrupción es muy extenso, también se percibe una disminución que lleva al 61% a considerar que el gobierno actúa bien en materia de lucha contra la corrupción. Igualmente ha crecido a 79% el grupo que considera que los ciudadanos pueden marcar la diferencia en materia de corrupción al no dejarse someter por las peticiones de las autoridades y denunciar los actos deshonestos de los que tengan noticia.
El llamado de la Iglesia es fundamental en tanto se percibe una línea sólida, por lo menos en apariencia, de lucha contra la corrupción en los discursos gubernamentales, pero también la mayoría de las personas considera que las autoridades federales, estatales y locales, empleados públicos, jueces y magistrados, y policías son corruptos; el 90% de los mexicanos consideran que la corrupción en el gobierno es un problema grave.
Para los romanos, el ejercicio del gobierno se funda en dos condiciones el poder (como una concesión para implementar las acciones), y la autoridad como una condición moral (una suerte de constancia de legitimidad adquirida a través de la honestidad, las acciones y el conocimiento). Desde entonces y hasta ahora, es imposible ejercer un gobierno real si se carece de cualquiera de estas condiciones. En el caso de los gobiernos identificados como corruptos, la autoridad moral se va perdiendo rápidamente, fenómeno que es bien conocido en Morelos desde hace muchos años.
El discurso anticorrupción de Cuauhtémoc Blanco parece insuficiente en medio de las acusaciones de conductas deshonestas en los ayuntamientos, los tribunales, el congreso, las fiscalías y el gobierno del estado, que han lesionado el liderazgo de cada uno de los actores políticos actuales al un grado que podría considerarse ya irreparable. Mientras el intercambio de acusaciones se mantiene, las acciones contra ex funcionarios acusados de irregularidades criminales resultan insuficientes. El ritornello de que el ex gobernador Graco Ramírez será encarcelado parece derivado del wishful thinking más que otra cosa. Desde el gobierno estatal se culpa a la fiscalía anticorrupción de proteger a los ex funcionarios, pero tampoco hay alguna denuncia formal al respecto, sumándose esto al desgaste del gobierno estatal.
El problema del gobierno estatal y de los municipales en términos de combate a la corrupción es que pareciera actúan baio la misma lógica que los ciudadanos: se acusa pero no se denuncia en las vías correspondientes. Si la corrupción en los diversos niveles y esferas de poder en Morelos es cierta, la gravedad estriba en los hechos, pero también en la falta de investigaciones serias acerca del tema; si no lo es, resulta mucho más grave en tanto el propio gobierno y sus adláteres estarían contribuyendo a la denuncia falsa. Por eso de vuelve clave la denuncia ciudadana en torno a los actos de corrupción como un medio real para pasar de la percepción al conocimiento real y con ello al castigo de los corruptos.
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